A la memoria de Bernardo García Martínez, historiador del Colmex.  

El gobierno de la Ciudad de México esconde el “Atlas de Riesgos” impidiendo a los vecinos enfrentar mejor las inundaciones y otras calamidades. 

Miguel Ángel Mancera y su gobierno tienen la obligación de elaborar un documento sobre las vulnerabilidades y peligros que amenazan a la capital. El “Atlas de Riesgos” ha sido solicitado, vía transparencia, por 113 ciudadanos. También lo ha pedido Miguel Ángel Cancino, titular de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT). La Secretaría de Protección Civil encabezada por Fausto Lugo García responde con el silencio o con negativas montadas sobre tres frases: información “reservada”, “imposible físicamente entregar una copia”, solo tienen “acceso” quienes “acrediten el interés jurídico”. 

¿Por qué tanto misterio? Una explicación, benigna, es la ineptitud: lo niegan porque no lo hicieron. Otra, más elaborada, embona con otras piezas del crucigrama citadino. El recientemente fallecido Enrique Fernández del Valle colaboró en su elaboración y cuando preguntó por qué no lo difundían le respondieron que se desplomaría “el mercado inmobiliario”. 

Con el “mercado inmobiliario” maquillan el urbanismo salvaje. La Ley General de Protección Civil de 2012 tipifica como delito grave el construir o urbanizar en zonas de riesgo. De conocerla sabríamos cuantas construcciones incrementan la vulnerabilidad y los peligros y, en el caso de las obras más recientes, tendríamos más detalles sobre la corrupción de funcionarios actuales. 

El “Atlas de Riesgos” es parte de un andamiaje más complejo que tiene como piezas centrales a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi). Un síntoma de su relevancia es que en el nombramiento del titular de la Seduvi sólo interviene el Jefe de Gobierno; entonces colijo que Miguel Ángel Mancera aprueba las irregularidades cometidas por Seduvi que se niega, por ejemplo, a entregar la lista de empresas que construyeron ilegalmente utilizando la norma para vivienda de interés social y popular. 

Otra dependencia clave es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo usualmente parcial hacia las inmobiliarias (la Torre Mitikah es un ejemplo clarísimo). Hasta la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) colabora. Suma Urbana presentó una queja colectiva con mil 200 denuncias presentadas por vecinos e ignoradas por la autoridad; la CDHDF cerró el expediente porque la cantidad y complejidad de los casos rebasaba su capacidad.

La magnitud del andamiaje es proporcional al tamaño del negocio. La construcción de 4 mil 500 edificios ilegales al amparo de la “Norma 26” —ya desaparecida— generó ingresos por 200 mil millones de pesos a los desarrolladores que la violaron. Ahora se utilizan figuras como los Sistemas de Actuación por Cooperación (SACs); con uno de ellos el gobierno de Mancera quiere privatizar 268.81 hectáreas de un Área de Valor Ambiental de Barranca de Tarango. La depredación de los bosques del sur tiene consecuencias que explica Luis Zambrano (Instituto de Biología de la UNAM): el “cambio de uso de suelo” en las “áreas verdes” es determinante para el “aumento de inundaciones y la reducción de infiltración de agua”. 

Mancera rara vez habla sobre estos temas. Él inaugura eventos, filma spots, firma decretos y tolera –por motivaciones que sólo intuyo- destrozos causados por inmobiliarias. Y sonríe, siempre sonríe. ¿Cómo será un gobierno de Morena en este tema? Imposible anticiparlo aunque algunos de sus líderes históricos han favorecido o tolerado la especulación urbana. Tampoco tranquilizan los antecedentes de conversos de última hora. La tribu de René Bejarano y Dolores Padierna controló durante años la delegación Álvaro Obregón, una de las más afectadas por construcciones irregulares.  

Tema complejo porque en la capital hay construcciones de diferentes épocas y debe seguirse construyendo y remodelando. Transformemos la CDMX respetando el entorno y tomando en cuenta las vulnerabilidades. Secuestrar el “Atlas de Riesgos” es, a la larga, infantil y contraproducente. 

Twitter: @sergioaguayo

Contribuyeron a esta columna Josefina MacGregor de Suma Urbana, Sergio Puente de El Colegio de México y Jorge Yáñez López de Visión Legislativa. Colaboró Zyanya Valeria Hernández Almaguer.