A lo largo de la historia, los grandes cambios sociales han ocurrido cuando existe una sociedad civil organizada, un sector empresarial comprometido y un Estado con voluntad para adaptarse al cambio. Independientemente de las ideologías, o a pesar de ellas, como sociedad compartimos un diagnóstico común sobre los grandes problemas que padecemos los mexicanos. Sobre los obstáculos que, sin importar nuestra condición social, enfrentamos día a día en el ejercicio de nuestras actividades.

Por eso, en el Consejo Coordinador Empresarial nos sumamos a la iniciativa #VamosPorMás, que convoca a decenas de organizaciones para exigirle al gobierno que se comprometa con el combate a la corrupción. Dentro del sector privado, este problema representa el primer obstáculo para hacer negocios y uno de los mayores costos para las finanzas nacionales. De acuerdo con la primera Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental, 82% de los empresarios se ven afectados por la corrupción que, se estima, tiene un costo de hasta 10% de las utilidades de las empresas.

Esta realidad nos exige tomar acciones concretas desde cada sector. Por nuestra parte, estamos tomando las medidas necesarias para adaptarnos y aplicar correctamente la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas. Entendemos que la corrupción no es exclusiva del sector público y que debemos hacer nuestra parte para eliminar estas prácticas. Con la nueva ley, las empresas que incurran en actos ilegales pueden enfrentar sanciones que van desde el pago del doble del beneficio obtenido, a la disolución de la organización y el reembolso del daño a la Hacienda Pública federal.

Esto exige que los empresarios diseñemos estrategias para comunicar el nuevo marco a nuestros colegas y trabajadores. Además, demanda que como organismo empresarial, actualicemos nuestro código de ética para adaptarlo a la realidad que enfrentamos. Este documento servirá como guía para que las empresas puedan construir y sostener políticas de integridad que permitan la actuación ética y responsable de cada uno de sus empleados. Especialmente, porque en el nuevo marco, la existencia y rigurosidad de un código de ética será un criterio para determinar sanciones y responsabilidades.

Sin embargo, esfuerzos aislados pueden diluir su impacto. Por esta razón, nos sumamos a la exigencia a los poderes Ejecutivo y Legislativo, para discutir y aprobar las medidas necesarias para contar con una Fiscalía autónoma, independiente y eficaz. De la misma manera es indispensable que se realicen reformas legislativas que incluyan nuevas leyes de Adquisiciones y Obra Pública; normas relativas al financiamiento de los partidos; así como la revisión de la figura del fuero federal para funcionarios, legisladores y gobernadores.

Los empresarios y la sociedad mexicana demandamos también que los congresos estatales discutan y, en su caso, aprueben reformas a sus constituciones para estar en línea con la legislación federal. No podemos permitir que nuestro marco legal fomente que los responsables de la administración pública aprovechen las leyes y programas públicos en su beneficio personal, por encima del interés de los ciudadanos.

Así como los empresarios y la sociedad civil estamos poniendo nuestra parte, ahora le corresponde a los poderes Ejecutivo y Legislativo asumir un verdadero compromiso para combatir la corrupción. El nuevo Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción no puede continuar operando en oficinas prestadas y sin los más elementales recursos para realizar su trabajo. El gobierno tiene que cumplir la ley y proveer fondos para que opere y se implemente el sistema en su conjunto. La sociedad civil está mostrando su compromiso y, ahora, necesitamos que el Estado demuestre su voluntad para cambiar y adaptarse a los tiempos que vivimos.

Twitter: @jpcastanon