Alberto Morales

CDMX.- Sin dejar de considerar que la falta de fiscal anticorrupción es un hecho grave, el secretario técnico del Sistema Nacional Anticorrupción, Ricardo Salgado, asegura que el diseño del sistema le permite trabajar sin una de las siete sillas que conforman el Comité Coordinador.

Comentó que muchos piensan que por no tener a los magistrados y no tener al fiscal anticorrupción el SNA no funcionará, pero a pesar de los comentarios está funcionando a la perfección. Actualmente trabajan sus siete integrantes, de los cuales sólo hace falta uno de ellos, pero pueden seguir trabajando en cada área.

En entrevista, Salgado explica que el sistema está diseñado para que aun sin haber designado uno o dos lugares, pueda funcionar.

“Los magistrados se pueden nombrar en el próximo periodo ordinario de sesiones y de aquí a que haya un asunto con la nueva normatividad tendremos quien lo pueda resolver”.

Asegura que el presupuesto de más de 200 millones de pesos anualizado que se destinó a la Secretaría Ejecutiva, se destinará a tareas administrativas, por lo que no debe confundirse como un órgano investigador del SNA.

Aclara que aunque pareciera un presupuesto corto, no es esta cifra la que se destina al combate a la corrupción, pues cada una de las siete sillas que forman el SNA tiene destinado un recurso específico para atender este flagelo desde sus respectivas competencias.

-A cinco días de haber completado el marco legal del SNA, ¿cómo llegan?-
“Muchos piensan que por no tener a los magistrados y no tener al fiscal anticorrupción, el SNA nace cojo; yo diría que el sistema está funcionando, porque tienen siete integrantes, de los cuales sólo hace falta uno, pero puede seguir trabajando, porque laboran en conjunto y cada uno opera en su área. El sistema está conformado de tal forma que no habiendo uno o dos, no deja de funcionar”.

“Los magistrados se pueden nombrar en el próximo periodo, y de aquí a que se tenga un asunto con la nueva normatividad, hay quien lo pueda resolver. El tribunal ya estableció que habrá una sala que pueda recibir los primeros asuntos que lleguen”. 

“Difícilmente llegarán esos asuntos si partes de que el hecho se tendría que cometer a partir del pasado 19 [de julio]. De aquí a que cometes el hecho, que se sabe, que se denuncia, que se lleve la investigación, no será en 15 días cuando el tribunal tendrá un asunto de una causa grave”.

-¿Pero no le preocupa que no haya fiscal y no operen los nuevos delitos?-
“Sí es grave, pero nosotros somos respetuosos de las decisiones del Senado, es otro poder que sabe que tiene el mandato de nombrar y también tiene sus tiempos. Mi tema es: El sistema como tal funciona con los miembros que están hoy en día, lo ideal es que estemos completos. ”.

-¿Comparte la opinión de que el fiscal, como está en la ley, no tiene dientes?-
“Si ves cada uno de los entes del sistema, para mí tienen su independencia, el propio fiscal anticorrupción, como está la norma, tiene una independencia en su momento del fiscal general, lo idóneo sería, si lo queremos ver más adelante, que fuera completa la independencia, pero, insisto, tal cual está, funciona”.

-¿Hace falta una segunda generación de leyes anticorrupción?-
“Este paquete de leyes que se tuvo con la reforma constitucional, ayuda y es suficiente para empezar a trabajar con lo que tienes. Por supuesto habrá que reformar las leyes de obra pública y adquisiciones, esa podría ser una segunda etapa”. 

El presupuesto es para que funcione la secretaría, la Plataforma Nacional Digital, los sistemas y las computadoras”,
Ricardo Salgado, secretario técnico.

DATOS

Asegura que la Secretaría de la Función Pública ha trabajado de manera estrecha con la Secretaría Ejecutiva, y tienen los sistemas ya instaurados como Declaranet y Compranet.

Comenta que el presupuesto de la Secretaría Ejecutiva, es de 200 millones de pesos, y que hay un presupuesto que se podría utilizar, alrededor de 60 o 70 millones de pesos, que pueden subir o bajar, pero no iniciaron de cero.

No descarta la posibilidad de fallas en el sistema, ya que como toda norma “tiene que evaluarse y revisarse en el terreno de los hechos. Y habrá que esperar lo que diga la Suprema Corte con el tiempo”.