Con la aprobación, por parte del Consejo General del INE, del dictamen de la Comisión de Fiscalización, del mismo organismo, sobre la elección de gobernador del Estado de Coahuila, se acredita una causal firme de anulación de dicho proceso, contemplada en al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dichos elementos habrán de ser valorados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial y será esta instancia la que resuelva en definitiva.

Esta situación representa una amenaza real y vigente a la férrea hegemonía política que por largos años ha detentado el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la entidad. Aun con todos los dados cargados a su favor, el candidato del PRI apenas contabilizó algo así como el 18 por ciento del padrón electoral. De manera que aun y cuando se validara su “triunfo”, llegaría al cargo con un grave déficit de legitimidad, con las arcas públicas arrasadas y en medio de una complicadísima coyuntura económica por las eventuales consecuencias del desenlace de la renegociación del TLCAN sobre la economía estatal.

Parcialmente, esta situación deriva de las deficiencias en el diseño de nuestro sistema político-electoral. El descrédito de los partidos políticos y el surgimiento de nuevos actores y agendas, han pulverizado el voto, generando serios problemas de legitimidad y, por ende, de gobernabilidad, a los ganadores minoritarios de los comicios.

Se visualizan al menos dos posibilidades para resolver este vacío de legitimidad: 1. La segunda vuelta electoral; 2. Los Gobiernos de coalición. 

En el primer caso, los electores pueden pronunciarse en la primera vuelta por la opción política más cercana a su ideología y preferencias. En la segunda ronda, a la cual pasan los dos candidatos con mayor cantidad se sufragios, optarían, en caso de que su candidato no haya calificado, por la alternativa más cercana a sus preferencias. El PRI ha sido el principal opositor a esta posibilidad, pues, ante el temor de que se le “junten los enanos”, ha preferido descarrilar esta posibilidad.

Los Gobiernos de coalición representan otra manera de hacer frente al problema de gobernabilidad. En caso de que el candidato de un partido resulte ganador sin obtener la mayoría de votos, para asumir el cargo debería acreditar la obtención de una mayoría legislativa mediante la conformación de alianzas con otro u otros partidos. Esto obligaría a los partidos coaligados a definir, antes de asumir el poder, un programa de gobierno y una agenda legislativa común que permita conformar una plataforma de gobernabilidad más estable. 

En cualquier caso, los comicios del 2018 habrán de realizarse con el marco legal vigente, pues no existe ya tiempo para impulsar estas transformaciones, las cuales habrán de esperar para mejores ocasiones.

En el caso de Coahuila, de pronunciarse el Tribunal Electoral por la anulación de la elección de gobernador, uno de los escenarios posibles sería el enfrentar una forma singular de segunda vuelta electoral. Sería peculiar en el sentido de que, si la resolución se apoya en el dictamen del Consejo General del INE, el PRI tendría que postular a otro candidato, el cual seguramente ya no sería definido por el aún gobernador Moreira, sino que sería designado desde el centro. 

Aún no es claro si el candidato del PAN pueda o no participar en una segunda ronda electoral. Si no lo puede hacer, el PAN tendría que designar otro abanderado, lo cual abriría nuevamente el rejuego al interior del blanquiazul. Frente a este escenario, el partido albiazul tendría que ser muy cuidadoso en la selección del candidato de relevo, debe por igual descartar a los cartuchos quemados y a los candidatos bisoños. 

Pero el factor clave para construir algo similar a una segunda vuelta electoral en el caso de la repetición de los comicios, será la capacidad de conservar la unidad del frente por un Coahuila Digno. Cualquier grano que se desprenda de esa mazorca recibirá una severa sanción de los electores.

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