La Procuraduría General de la República (PGR) reconoció que carece de capacidades adecuadas de investigación para resolver la mayoría de las denuncias por delitos federales en el nuevo sistema penal: en promedio, 7 de cada 10 carpetas de investigación se quedan sin resolución.

Y de los casos que si logra “resolver”, 84% se mandan al archivo al concluir que no hay pruebas para proceder o “abstenerse” de proceder con la investigación.

Así lo revela un diagnóstico oficial realizado por la PGR sobre su desempeño en el nuevo sistema penal acusatorio, en el que se reconoce que la dependencia está rebasada por las exigencias de la nueva norma.

Entre las fallas destaca la saturación que tienen de casos por la incapacidad para investigarlos y resolverlos.

El documento, firmado por el propio procurador Raúl Cervantes y que obtuvo Animal Político vía una solicitud de transparencia, hace un corte de caja del destino que han tenido las carpetas de investigación abiertas  entre noviembre de 2014 —cuando se comenzó a implementar el nuevo sistema a nivel federal— y diciembre de 2016.

En ese lapso se abrieron 63 mil 59 carpetas de investigación en los Ministerios Públicos Federales, de las cuales solo en 34.4%, que son 21 mil 728 casos, se ha tomado alguna determinación.

Las restantes 41 mil 331 carpetas de investigación se encuentran pendientes de determinación. Esto supone, según el análisis oficial, que 65.5% de los asuntos que ha conocido la PGR en los últimos dos años “se encuentran sin decisión alguna”.

“De los datos anteriores se percibe que una de las causas probables por las que no se atienden los asuntos puede encontrarse en una debilidad en las habilidades de investigación que impide una mayor prontitud en el desahogo de los asuntos que atiende la institución, aun en aquellos iniciados con detenido”, señala el diagnóstico denominado “Hacia un nuevo modelo de procuración de justicia”.

El documento de la PGR reconoce que, en el mejor de los casos, las carpetas donde hay personas detenidas desde un inicio son los que se resuelven en mayor medida. El problema es que estos casos apenas representan 19% de todas las averiguaciones abiertas a nivel federal.

“Las investigaciones que se realizan sin detenido no terminan por identificar a los presuntos responsables de los hechos que se persiguen, dejando las carpetas de investigación sin actuaciones que permitan resolverlas en algún sentido”, subraya el diagnóstico.

Prevalece la impunidad con el nuevo sistema

La Procuraduría reportó que en el periodo de análisis, el Ministerio Público logró tomar una determinación en 21 mil 728  carpetas de investigación. Pero los datos oficiales evidencian que de esos casos “resueltos” son una minoría los que terminan con una acusación ante el juez o con un acuerdo que beneficie a las víctimas.

De acuerdo con el desglose, hay 9 mil 857 carpetas en las que la resolución del Ministerio Público fue enviar el caso al “archivo temporal”, mientras que en 8 mil 380 casos lo que se determinó fue el “no ejercicio de la acción penal” al no haber pruebas suficientes, y en 114 ejerció una facultad de “abstenerse de investigar”. Se trata de 84% de los casos.

En tanto, hay 3 mil 126 casos en los que se consignó la averiguación ante el juez y se resolvió el caso sin llegar al juicio oral por un acuerdo entre las partes; hay otros 60 casos que sí llegaron a un juicio oral y 40 resueltos durante el proceso.

Solamente en 151 casos, la PGR consiguió resolver el caso mediante los mecanismos alternativos que contempla el nuevo sistema penal, lo que representa apenas a 0.6% de los casos resueltos.

La Procuraduría reconoció que la mayor parte de las carpetas de investigación que se han resuelto corresponden a casos en los que hay una persona detenida, es decir, se depende en gran medida de que las policías o los militares presenten el caso ya con el probable responsable. De lo contrario los resultados son escasos.

Animal Político publicó el 28 de junio que, de acuerdo con datos del Poder Judicial Federal, 85% de los casos consignados por la PGR ante jueces federales son hechos en flagrancia y no corresponden a investigaciones.

“Es posible inferir que la efectividad de la conducción de la investigación en la procuración de justicia en el ámbito federal se supedita principalmente a la detención en flagrancia y puesta a disposición de parte del primer respondiente (policías o militares) ante el Ministerio Público de la Federación” señala el diagnóstico.

Fallas y carencias

El análisis de la PGR reconoce que los pobres resultados en la resolución de los casos obedecen a deficiencias en la investigación que fueron heredadas del sistema penal anterior y que poco o nada han cambiado luego de que entró en funcionamiento el nuevo sistema penal con herramientas que no se están aprovechando.

Por ejemplo, se establece que los Ministerios Públicos no están usando las herramientas de análisis e investigación que proveen las Unidades de Análisis Criminal instaladas en todas las delegaciones de PGR y que contienen datos que podrían ayudar en la investigación de los casos.

La mediación, que ayudaría a resolver casos antes de llegar al juez, prácticamente no se busca ni se aplica. Una de las causa es que los “facilitadores, que son personas especializadas en impulsar este tipo de soluciones, no cuentan con un perfil adecuado.

“Las carencias que presentan los facilitadores no se resuelven con la capacitación que se les está dando. La formación continua que reciben dista mucho de ser la adecuada para el cabal desempeño de su labor, pues no garantiza el fomento de las habilidades que requiere un facilitador”, dice el análisis.

A esto se suma que apenas 4 de las 35 unidades de mediación que la PGR instaló en el país cuenta con salas de conciliación. Y aunque 31 unidades cuentan con un espacio físico, dichos espacios “no cumplen siquiera con los requerimientos mínimos establecidos en el modelo arquitectónico de la Secretaría Técnica para la implementación de la Reforma”.

Los protocolos de mediación también son inexistentes, reconoce la PGR

La Procuraduría señala que los recursos humanos con los que cuenta son insuficientes para las exigencias del nuevo sistema penal, sobre todo por debilidades en la capacitación, la cual es calificada como “aislada y disociada”

Un problema que agrava esto, reconoce el documento del procurador Raúl Cervantes, es que 1 de cada 3 fiscales de la PGR llegan al puesto por “designaciones especiales”, es decir, no son funcionarios profesionales provenientes del servicio.

No sólo eso. La PGR detectó que hay un total desorden en normas internas que rigen el funcionamiento de la dependencia, pues se han emitido un sinfín de circulares que carecen de la mínima organización.

Los sistemas tecnológicos, que son clave en el nuevo sistema, también se encuentran aislados entre distintas áreas de la propia PGR sin que haya al menos una comunicación entre todos, y sin que cuenten con una protección adecuada.

“Esto ha traído como consecuencia que los sistemas sean funcionales para la operación específica para la que fueron diseñados pero que no responden a las condiciones mínimas de seguridad, trazabilidad, comunicación entre sistemas ni alimento de información a una sola base de datos estructurada”.

Finalmente se identifican unas condiciones laborales desfavorables para el personal de base de la Procuraduría, pues no hay políticas claras de desarrollo, lo peor es en el área de servicios periciales donde no hay ninguna posibilidad de mejora, ni siquiera salarial, lo que desincentiva el desarrollo de un trabajo adecuado.

En este contexto, el diagnóstico concluye que es urgente el diseño de “un nuevo modelo de arquitectura institucional” que haga posible afrontar las exigencias del nuevo sistema penal, pues el actual no responde a la tarea de procurar justicia pronta y expedita.