En México no funciona reinserción social: STPS

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En México no funciona reinserción social: STPS

Labor. Para promover la reincorporación de quienes salen de penales, crearon las “Mesas ProLabora”. / CUARTOSCURO
Se deben replantear los sistemas de prevención y reinserción social, dijo Ignacio Rubí Salazar, subsecretario de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo (STPS).

CIUDAD DE MÉXICO.- La reinserción social en México no funciona y se refleja en los altos índices de reincidencia delictiva, los cuales son de 60%, por lo que se deben replantear los sistemas de prevención y reinserción social, dijo Ignacio Rubí Salazar, subsecretario de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo (STPS).

“Desafortunadamente y asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo, los altísimos índices de reincidencia delictiva que se registran en México nos indican que debemos replantear nuestros sistema de prevención y reinserción social que no está funcionando.

“Los niveles de reincidencia delictiva que se registran en nuestro país es arriba de 60%. La reincidencia social por medio del trabajo, de la capacitación como está estipulado en la Constitución no está funcionando”, explicó.

Aconsejó que se deben impulsar acciones de capacitación ayuden a aquellas personas que habiendo cumplido con su sentencia puedan reinsertarse social y laboralmente.

Dijo que para promover la reincorporación de quienes salen de penales, crearon las “Mesas ProLabora”, para apoyar capacitación y la incorporación a un trabajo.

Al participar en la inauguración del foro “Inserción laboral de personas con antecedentes penales: Miradas y desafíos desde una perspectiva de género y derechos humanos”,dijo. 

Aconsejó que se deben impulsar acciones de capacitación ayuden a aquellas personas que habiendo cumplido con su sentencia puedan reinsertarse social y laboralmente.

Dato
-Rubí Salazar aseguró que en México existe una legislación federal que cancela el requisito de presentar la carta de antecedentes penales al solicitar trabajo.
-Señaló que todavía existen legislaciones locales que permiten como requisito la presentación de este documento para obtener un empleo, lo que viola derechos humanos fundamentales de personas que estuvieron en reclusión.