Popularmente se dice que quien hace las reglas del juego es quien se divierte más. O algo así.

La belleza del Derecho se encuentra en que ofrece la oportunidad de conocer de manera clara (lo más posible) y anticipada las posibilidades, los límites y las consecuencias del comportamiento propio y ajeno. Cuando la norma involucra a lo gubernamental, esa claridad y anticipación permiten no se desborde el ejercicio del poder.

Al estar escrito, con el Derecho se sabe lo que puede hacerse, lo que no y las consecuencias. Eso es, reduciendo y en palabras sencillas, lo que sostienen los clásicos. Por ello, grandes discusiones se plantearon alrededor de la legalidad.
Hace tiempo, sin embargo, que la legalidad no está sola: en fechas relativamente recientes (después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo) ha ocupado un importante lugar en la comprensión de lo que tenemos entre manos la llamada legitimidad. Así, la norma se aprecia tanto por su valor propio (su origen, su proceso de elaboración) como por su relación a un contexto más amplio, donde no genere desventajas o desigualdades indebidas. Que en el juego todos se diviertan, no sólo los que hicieron las reglas.

Aferrarse a la legalidad sin considerar la legitimidad es el origen de las crisis que viven día a día los Gobiernos. Criterios legaloides sobre sentido común. Pueden verse varios intentos por evolucionar, pero las inercias no se terminan por decretos.

El asunto que aquí medio se ha planteado es más real de lo que pudiera parecer.

El 12 de marzo pasado, en este mismo espacio, se compartió el texto “El Gobierno de los títulos falsos”. Ahí, se dio cuenta de la travesía de un ciudadano por validar información (publicitada en portales de internet; ubicada en firma de documentos) sobre si el Secretario de Fiscalización de Coahuila era o no licenciado en Economía por la UDEM. 

Solicitudes respondidas a medias, expedientes (convenientemente) inexistentes y un largo etcétera. ¿Resultado? Era mentira.

Ojo. Se trata, en la estructura, del área que promueve la rendición de cuentas dentro del Gobierno. Ése que, para poder ser buen juez, debe comenzar por su propia casa. La mano derecha anticorrupción del (todavía y por poco) Gobernador… de quien, por cierto, se decía ostentaba una maestría en el extranjero que resultó ser un curso por internet (ver comentario del 29 de mayo de 2016). 

Pues bien, la travesía del ciudadano continuó. Su voluntad fue más fuerte que el largo y sinuosos camino burocrático. Llegó, por decirlo de alguna manera, a las últimas consecuencias ¿Y en qué terminó?

Hace unos días le fue notificado un oficio firmado por el Secretario de Gobierno de Coahuila. Ahí se dice que no habrá sanción alguna contra el Secretario que mintió en su currículum porque “el presente caso trata de hechos que no revisten gravedad ni constituyen delito, ya que lo ameritan los antecedentes y circunstancias del caso”.

La norma penal federal habla de prisión de uno a seis años y multa a quien se atribuya el carácter de profesionista, use un título sin tener derecho a ello. Pero en lo administrativo, no es grave.

Validar si el Secretario de Fiscalización era o no licenciado, las respuestas a las solicitudes, permitió ver el estado caótico en los expedientes y la poca voluntad de ajustarse a la práctica del derecho a la información. La respuesta final desnuda la inercia de la legalidad sin legitimidad.

Todo esto y la presente crisis que viven los Gobiernos.

@victorspena