Entre aplausos y bullas, el pasado 16 de junio, Donald Trump anunció el resultado de la revisión a la política de apertura hacia Cuba. Su discurso ilustró la perspectiva que se tiene para el cambio en la forma que se ha tratado el restablecimiento de relaciones entre la República de Cuba y Estados Unidos.

Tristemente, la misma parafernalia política que Trump prometió desmantelar con su llegada a la presidencia, fue aquella que caracterizó el evento de Little Havana en Miami, ciudad con la mayor densidad de cubanos dentro de la Unión Americana.

Trump argumenta estar luchando por una agenda de derechos humanos incompleta en la isla, además de buscar la defensa de la libre competencia para promover el desarrollo económico a escala particular; sin embargo, su retórica es sensacionalista y promueve el conflicto al omitir los alcances que estas declaraciones puedan tener tanto en Cuba, como en el mismo EU. Recordemos que, de acuerdo con el Pew Research Center, 75 por ciento de los estadounidenses están a favor del acercamiento entre ambos países.

Con lo que parece ser el término unilateral de acciones políticas amistosas entre el país anglosajón y la isla caribeña, se ha cancelado todo acuerdo bilateral alcanzado por la administración Obama con Cuba. Esto por no querer dar alguna clase de apoyo financiero al régimen, ya que la dirección de los sectores económicos de la isla está controlada casi en su totalidad por el Grupo de Administración Empresarial, y por tanto por las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

La decisión de Trump pretende dar a la relación un nuevo enfoque, omitiendo que con los lazos creados previamente se buscaba abandonar la dinámica de la Guerra Fría. De manera contraria y evocando al año 1960, se reafirmó el bloqueo comercial, económico y financiero de Estados Unidos contra Cuba, acción que se opone a los constantes llamados de la Organización de las Naciones Unidas para poner fin a este bloqueo.

Estados Unidos olvida que, de acuerdo con el informe de la coalición Engage Cuba, el endurecimiento de las políticas de apertura podría provocar pérdidas por más de 6.6 mil millones de dólares para los negocios y los contribuyentes estadounidenses, además de afectar 12 mil de sus empleos, durante los cuatro años de la administración actual. Tan sólo el sector manufacturero reportaría pérdidas por 227 millones de dólares y las medidas en materia de migración representarían costos por 950 millones más. Todo ello sin considerar que tras el anuncio de normalización de relaciones diplomáticas en 2014, la cooperación entre Estados Unidos y Cuba incrementó de manera notable.

No se puede retroceder en la relación bilateral, y esto es algo que el gobierno cubano tiene claro al mantener una política proapertura de relaciones. Cuba no es el único beneficiario de la normalización de las relaciones entre ambos países.

Si bien es cierto que algunos aspectos permanecen inmutables, como el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, la regularización de operaciones aéreas, el permiso a cruceros para visitar la isla o la eliminación de Cuba como país patrocinador del terrorismo en la lista de Estados Unidos, tras la nueva postura estadounidense, y con un marcado tono desafiante, se dinamita el espíritu de confianza y cordialidad que tanto había costado establecer entre ambos países.

Sin duda, los mensajes que desde Washington se emiten no son en absoluto amistosos y representan un retroceso en los avances alcanzados. Ante ello, México debe promover un ambiente conciliador, que incentive la consolidación de una agenda que privilegie la unidad regional y el multilateralismo como el medio por el que se puedan afrontar los desafíos americanos en un marco de pleno respeto al Derecho Internacional.