Prioridades
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La modernización del transporte urbano en Saltillo es una necesidad para la población
Con toda justificación Manolo Jiménez, alcalde electo de Saltillo, identifica la modernización del transporte urbano de la ciudad como una de las prioridades de su administración. El servicio que se presta a los ciudadanos de la capital es ineficiente, costoso y contaminante. Por estas razones, los usuarios han optado por otras modalidades de movilidad, sobresaliendo los taxis y autos particulares, pero esta sustitución, combinada con una urbanización extensiva y desordenada, además de profundizar la crisis del transporte público masivo, han inducido un crecimiento exponencial del tránsito motorizado, generando problemas de congestionamiento vehicular y una presión creciente sobre las finanzas estatales y municipales, las cuales se ven empujadas a financiar obras de infraestructura cada vez más costosas para el transporte motorizado.
Pero al hacerlo, agudizan el problema, pues ampliar las vialidades produce una expansión mucho más intensa de la demanda, dado que el parque vehicular crece mucho más rápido que la población y recorre distancias cada vez mayores, de manera que no es viable financiar los metros cuadrados de vialidades necesarias para su tránsito fluido. De forma que el problema, así como la manera de abordarlo, han generado un círculo vicioso que pasa facturas cada vez más onerosas a los habitantes de la capital.
A los costos financieros asociados a una movilidad ineficiente, hay que agregar los sociales y ambientales: las familias disponen de menos tiempo para su convivencia y las emisiones de gases de efecto invernadero crecen a medida que lo hacen los kilómetros recorridos en unidades impulsadas por motores de combustión interna. El problema es particularmente delicado en hogares de ingresos medios y bajos, pues el transporte es el segundo rubro de gasto (13.5 por ciento), sólo detrás del
dinero destinado a los alimentos (34 por ciento).
De manera que la solución al problema de la movilidad en Saltillo pasa por impulsar un crecimiento urbano compacto y diversificado, a fin de acortar las distancias de los recorridos cotidianos e impulsar una estrategia de diversificación de medios de transporte, brindando alternativas atractivas a los traslados en autos particulares. En esta agenda, la modernización del transporte público masivo es impostergable, así como el impulso a opciones de movilidad no motorizada. También es preciso reordenar las prioridades en las inversiones en infraestructura para los desplazamientos humanos. El marco legal existe, es la Ley de Movilidad Urbana Sustentable, lo que se extraña es la decisión de las autoridades de apegarse a la norma.
La pasada administración municipal había dada un paso importante en esa dirección, con una reestructuración de rutas y la constitución de una empresa que permitiera una operación sistémica del transporte público municipal. Esto allanaba el camino a la obtención de fondos federales para financiar parte del proyecto. Si bien la propuesta tuvo problemas en su ejecución, representaba un avance cualitativo en la orientación correcta.
Pero con la renovación de autoridades municipales, el tema se politizó. Un grupo de concesionarios contrarios al proyecto ofreció apoyo político al entonces candidato panista a la Alcaldía a cambio de su compromiso de “patrasear” el Saltibús.
Ahora Isidro López dice que se vio obligado a dar marcha atrás al Saltibús porque “estaba por tronar, pues los transportistas amenazaban con realizar una huelga”. Y agregó que “una de las primeras acciones que realizó una vez que comenzó su gestión fue poner orden en este servicio público y diseñar un nuevo sistema” (VANGUARDIA, 17 de junio). Los hechos demuestran el estruendoso fracaso del Alcalde, pues lejos de resolver el problema presentó una propuesta de reestructuración de rutas calcada del Saltibús, pero sin la organización empresarial requerida para darle viabilidad financiera.
Luego habló del proyecto del pago por día, apuntando, al cuarto para las 12 de su administración; “todavía no está definido al 100 por ciento”. La razón, la misma que en el caso de la reestructuración del transporte, la oposición de más de la mitad de los concesionarios. Ésta ha sido una constante en su gestión, muchas de sus propuestas nunca se definen al 100 por ciento.
Los transportistas lograron aumentos sustanciales en las tarifas e incumplieron los compromisos fundamentales que asumieron cuando les fueron autorizados por el Ayuntamiento. Y a pesar de eso, VANGUARDIA publicó en su edición del viernes las declaraciones de Eduardo Ramón de la Peña Padilla, presidente de la Comisión de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Saltillo, quien informó que están a punto de concluir los trámites de renovación de las más de 2 mil 200 concesiones que vencieron el último día del 2016.
Así, pues, Isidro no sólo descarriló el proyecto del Saltibús, sino que renovó las concesiones de los transportistas, privando a las nuevas autoridades de una valiosa herramienta de negociación para obtener la tan ansiada y necesaria modernización del trasporte urbano de Saltillo.