No obstante de las preocupaciones internacionales y de las organizaciones japonesas por la defensa de los derechos humanos, el Parlamento de Tokio ha aprobado una ley controversial que castiga las conspiraciones en la planificación de actos terroristas y una serie de otros delitos.

El nuevo reglamento (fuertemente validó por la administración conservadora de Shinzo Abe), introduce una novedad jurídica en la legislación japonesa: dará a la policía derecho de arrestar y monitorear, a quién sea sospechoso de estar preparando un crimen.

Académicos y activistas por los derechos humanos temen que esta ley pueda terminar con el estado de derecho en la democracia japonesa, dejando vaga y discrecional la definición de delito, brindándole los poderes de realizar las interceptaciones sobre ciudadanos comunes.

La opinión pública japonesa está dividida sobre la propuesta del gobierno y la mayor parte de los japoneses retienen que la administración de Abe no ha dejado claro, cuáles son los objetivos reales de la legislación.

El gobierno de Tokio ha dicho que esta ley es necesaria para permitir a Japón ratificar las convenciones de la ONU contra el crimen organizado y para proteger al país de las amenazas terroristas, en vista de los juegos olímpicos de Tokio del 2020.

El primer ministro también agregó que la ley, permitirá a Japón de “cooperar con la comunidad internacional en la lucha contra el terrorismo”.

El más grave acto terrorista sobre suelo japonés datá de 1995, cuando los adeptos de la secta religiosa Aum Shinrikyo atacaron con gas sarín el metro de tokio.

Además de los 277 “graves delitos” de los cuáles serán castigada las simples planificaciones, algunos tienen poco que ver con el terrorismo, por ejemplo: desde violaciones de normas sobre el copyright, hasta la recolección de hongos en áreas protegidas.

También las Naciones Unidas han criticado la nueva ley. Joseph Cannataci, reportero especial de la ONU, ha acusado al gobierno de Tokio de no haber garantizado un adecuado debate público, sobre el riesgo que las nuevas normas poseén “llevar restricciones injustificadas sobre la privacidad y la libertad de expresión”.

Ya en el 2013, la administración de Abe había aprobado una ley sobre el secreto de estado que había sido objeto de críticas por la excesiva discrecionalidad, con lo cual el gobierno podía clasificar los documentos reservados.

Con información de La Stampa