De acuerdo con funcionarios de la Fiscalía Especializada para la Atención del Delitos Electorales, dependiente de la Procuraduría General de la República, la misma podría desplegar un operativo, durante la jornada electoral del próximo domingo, tendiente a inhibir la coacción del voto en Coahuila.

“En los cuatro estados en donde habrá elecciones puede presentarse esta situación. El punto aquí es que la ciudadanía denuncie y el Ministerio Público recabará las pruebas correspondientes con la finalidad de plantearlas al juez de control”, señaló el director general adjunto de Dictámenes y Servicios Legales de la dependencia, Luis Espíndola Morales.

El anunciado de la Fepade implicaría la posibilidad de realizar “cateos” orientados a impedir, eventualmente, el funcionamiento de las denominadas “casas amigas” en donde, de acuerdo con el conocimiento popular, se ofrecen “desayunos” a los votantes antes de que acudan a las urnas a emitir su voto.

Se ha realizado la aclaración, sin embargo, de que la acción de la Fepade no sería de oficio, sino sólo ante la presentación de denuncias específicas.

“La Fiscalía, por mutuo propio en términos de Ley… no está posibilitada para realizar cateos, pero los jueces de control, como medida cautelar, como se realizó en el mes de marzo en el estado de Coahuila un aseguramiento de bienes. No es un evento sin precedentes”, explicó el funcionario.

Está claro –en términos estrictamente jurídicos– que el funcionamiento de las “casas amigas” no constituye una violación legal, pues ofrecerle desayunos a los votantes no es, por sí sólo, un acto de coacción del voto.

Pero también está claro que la línea entre la inocencia y la coacción es muy tenue y que quien se ofrece a preparar alimentos para quien acudirá a sufragar seguramente no lo hace como un acto de “altruismo”, sino con una intención clara de “orientar” la decisión de los electores.

Por ello valdrá la pena estar atentos a la actuación de la Fiscalía Especializada y ver si sus funcionarios se encuentran dispuestos a impedir que la operación de las “casas amigas” se conviertan en un elemento que distorsione la voluntad popular.

No se trata, por supuesto, de plantear que la actuación de las dependencias gubernamentales excedan los límites de su actuación legal, pues si algo debe distinguir el trabajo del sector público es su apego a la legalidad.

De lo que se trata es de plantear claramente la necesidad de que las zonas de claroscuros que existen, al momento de aplicar la ley, se reduzcan y que se impida la actuación de individuos cuyo propósito no es contribuir al fortalecimiento de nuestra democracia, sino exactamente lo contrario.

Si alguien, de buena fe, desea alentar la participación ciudadana ofreciendo desayunos a los votantes, que lo haga. Pero que sea clara la intención de promover la participación ciudadana y no la de pervertir la voluntad popular. En ese proceso, la actuación de las autoridades resulta indispensable para impedir que quienes tienen la intención de coaccionar el voto no logren su propósito.