A la memoria de Javier Valdez, otro periodista ejecutado

Si queremos reducir el costo en vidas es necesario prestar atención a la manera en cómo se utiliza en México el concepto de riesgo. 

En 2016, 70% de los mexicanos nos sentíamos inseguros (INEGI). ¿Cómo reaccionamos frente al peligro? La mayoría sólo cambia de hábitos porque carece de conciencia y recursos. Otros entienden lo que pasa y toman medidas para anticiparse. Los gobernantes se sirven recursos con cucharón pozolero. 

A Enrique Peña Nieto lo protegen cinco mil elementos (cifra aproximada) del Estado Mayor Presidencial, proliferan las escoltas y los blindados y el gobierno de Tamaulipas pagó durante años los salarios y viáticos de 12 escoltas para dos exgobernadores que andaban huyendo de las cortes estadounidenses (Eugenio Hernández y Tomás Yarrington).  

Los defensores de derechos humanos y los periodistas en riesgo estamos indefensos. Podemos recurrir al Estado pero sirve de poco. El caso de la tamaulipeca Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez ejemplifica el desamparo; la ejecutaron pese a que tenía conciencia sobre el riesgo que corría y tras haber solicitado una protección escatimada.   

En enero de 2012 el crimen organizado secuestró a su hija Karen. Doña Miriam localizó sus restos y los exhumó. Doña Miriam les había perdido el miedo a los criminales y a sus cómplices. Los denunciaba con nombre y apellido, identificó a los secuestradores de su hija y algunos de ellos fueron encarcelados. Incansable, también organizaba a los familiares de los desaparecidos de Tamaulipas, primer lugar nacional con esta tragedia. 

Su rebeldía y lo que hacía resultaron inaceptables para las bandas criminales que, protegidas por autoridades locales, han impuesto un reinado de terror que incluye la eliminación del tejido social. Tamaulipas es el estado con menos organizaciones de la sociedad civil: en mayo de 2017 se cuentan 248, por 4 573 en la CDMX (Indesol).  

Cuando dos de los secuestradores de su hija se fugaron de la cárcel, Doña Miriam elaboró su propio análisis de riesgo y pidió protección a las autoridades estatales y federales. El pasado 18 de abril se quejó ante funcionarios tamaulipecos: “no he visto [la] seguridad solicitada. Fue un policía [a mi casa] y me dijo que él iba a estar encargado. [Un día le hablé] a las 4 de la mañana como treinta veces y no me contestó ¿cuál seguridad?” Tenía razón. El 10 de mayo llegaron los sicarios a ejecutarla en su domicilio. 

Su muerte provocó un escándalo seguido de la danza de las disculpas y recriminaciones. La Secretaría de Gobernación (Segob) responsabilizó a las autoridades tamaulipecas y éstas culparon a la federación. El nuevo Gobierno estatal (panista) se lavó las manos diciendo que ellos le habían otorgado un rondín policiaco que pasaba tres veces al día por su domicilio. El gobierno federal le concedió la protección un día después de su muerte. Lo mejor que hicieron fue blindar el velorio.   

Doña Miriam no es la excepción. Es la regla. Tengo años bajo “protección”, me representa Artículo 19 y presido una organización (Propuesta Cívica) que defiende periodistas y defensores. Podría escribir docenas de columnas sobre su falta de coordinación, su burocratismo, su lentitud para contestar escritos (cuando lo hacen) y sus deficientes análisis de riesgo. Les falta claridad y voluntad que justifican con normas rígidas y recursos escasos. Al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación le asignaron para 2017 un presupuesto de ¡cero pesos! 

Es urgente que se coordinen y mejoren sus análisis de riesgo, que consideren amenazas que ahora ignoran (el uso de redes sociales para difamar y de las demandas de daño moral para intimidar). Ya mataron a Doña Miriam, tienen que proteger a liderazgos como el de Guillermo Gutiérrez Riestra, quien organiza víctimas mientras busca a su hija Raquel, secuestrada en 2010. El tejido social se restaurará y la mortandad se reducirá cuando el concepto de riesgo esté al servicio de las víctimas.  

Twitter: @sergioaguayo

Colaboraron Zyanya Valeria Hernández Almaguer en la Ciudad de México y Lucía Calderón Santos en Tamaulipas.