La Convención Única sobre estupefacientes de Naciones Unidas de 1961 marcó un parteaguas para que el mundo introdujera en sus marcos legales nuevas restricciones que eliminarían totalmente el uso de la cannabis en un plazo de 25 años.

Siguiendo el plan de acción dictado en ese instrumento, 10 años después, el presidente estadounidense Richard Nixon declaró como el enemigo público número uno de América a las drogas, incluida la cannabis.
En contraste con ese paradigma prohibicionista, en los espacios legislativos del mundo hoy se transita hacia la adopción de marcos jurídicos regulatorios más astutos. Esas prácticas comenzaron a darse desde mediados de los 70 cuando Holanda adoptó una política de tolerancia hacia los consumidores de marihuana.

Hoy día, países como Canadá, España, Israel, Portugal y Uruguay, o incluso 29 de los 50 estados en Estados Unidos han adoptado marcos legales que permiten la investigación científica y el uso medicinal de la cannabis.
Inesperadamente, Colorado y Washington fueron los dos primeros estados que permitieron el uso lúdico de la marihuana. Tras la adopción de esta nueva concepción, en tan sólo 5 años, 7 estados de ese país han transitado a la legislación que permite su uso recreativo. A la fecha, todos los estados de la costa del pacífico, tanto en Canadá como en Estados Unidos, permiten al menos el uso medicinal de la marihuana.

Vivimos una coyuntura única, según el último Informe Mundial sobre las Drogas, para 2014 el número de consumidores de cannabis a nivel mundial era de 182.5 millones de personas. Esta cifra es notable si se toma en cuenta que el Banco Mundial ubicaba en su ranking de población mundial a Nigeria como el 7° país más poblado, con 182.2 millones de personas. Es decir, si los consumidores de cannabis conformaran un país, este sería el 7° más poblado del globo. Ante ello, hay quienes argumentan que el negocio de la marihuana podría ser rentable, además de sacar provecho de la planta de cannabis, tanto de sus semillas, como de los productos de sus fibras.
En días recientes, el Congreso mexicano aprobó reformas a la legislación penal y en materia de salud que permiten el cultivo y uso de la marihuana con fines medicinales, terapéuticos y de investigación científica. Claramente, un avance en la generación de productos legales que resten capacidad de acción a los grupos delictivos, y disminuyan su poder de influencia en el país.

Es hora de desarmar los mitos que satanizan su uso, a pesar de que en la propia naturaleza humana esté el desconfiar de aquello que se desconoce. Por ejemplo, diversos estudios del Office of Medical Cannabis del Ministerio de Salud de Canadá muestran que el cannabis medicinal es una alternativa para tratar ciertos padecimientos derivados de enfermedades como cáncer, sida, y esclerosis múltiple; mientras que controla los síntomas de otras como la artritis, asma y epilepsia.

Es bien sabido que países con leyes que regulan la marihuana, desincentivan al narcotráfico y al narcomenudeo, actividades que atentan contra el Estado de Derecho. No obstante, la marihuana es sólo una pizca del vasto problema del narcotráfico. Sería ingenuo asumir que tras su regulación, los conflictos de violencia y seguridad que azotan nuestro país terminarían de tajo. Para efectos tangibles en ese sentido, se requiere también del refuerzo de la cooperación trilateral entre los países de América del Norte.

Aprovechemos la coyuntura para que México, uno de los principales productores de marihuana en el mundo, tenga un mayor liderazgo en la investigación científica sobre sus potenciales usos, así como en el debate internacional, con miras a erosionar la política prohibicionista que en ninguna latitud del mundo ha dejado un buen testimonio.