CDMX.- Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, escuchó estupefacto el reporte: hay pruebas fehacientes de tortura a los detenidos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. A uno de ellos le aplicaron el “teléfono”, que es el estallido de los tímpanos sin dejar huellas físicas evidentes. 

El secretario de inmediato convocó a los titulares del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la PGR, la Agencia de Investigación Criminal y la Policía Federal.

El temor fue que, a futuro, una investigación que llegase a probar que no cumple el debido proceso corre el riesgo de dejar en libertad a los siete detenidos por la desaparición de los estudiantes en Iguala.

En agosto de 2016, la investigación de la PGR estuvo plagada de presuntas ilegalidades, según el informe que integró la Visitaduría General de la PGR, mismo que fue enlatado y desechado oficialmente.

Se solicitó a la PGR una postura al respecto, pero ratificó que es un documento no oficial y la Secretaría de la Función Pública no respondió.