La diferencia entre lo bueno y lo excelente está en los detalles. Es bueno el encarcelamiento de Tomás Yarrington y Javier Duarte, pero carece de los detalles que hacen posible la justicia. 

Las reacciones iniciales de los priístas al caso Duarte reflejaron el desconcierto de quienes ignoraban la dosis de entusiasmo. Enrique Ochoa y Alfredo del Mazo sólo elogiaron el trabajo de la Procuraduría General de la República (PGR); César Camacho optó por la sequedad de un “permitirá a las autoridades esclarecer hechos denunciados”. En el segundo día el presidente Enrique Peña Nieto marcó línea: los arrestos son un mensaje “firme y contundente” contra la impunidad. ¿A poco?, ¿así de fácil? 

Es de mala educación colgarse medallas uno mismo. Sobre todo cuando abundan las anécdotas y las estadísticas de la impunidad. Yarrington fue prófugo 56 meses y la PGR se hizo la remolona con Duarte durante varios años. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso ante la PGR ¡59 demandas penales contra su gobierno! La primera está fechada en febrero de 2012, la última el 23 de diciembre de 2016. 

Tampoco reconfortó observar a políticos manchados señalando con flamígero índice a los corruptos priístas. Salvo unos cuantos casos de honestidad probada, deberían combatir primero la corrupción de los suyos. Un ejemplo es la ofensiva contra los recursos naturales y el suelo urbano en marcha por todo el País. “El Niño Verde” reaparece con su famosa consigna “¿y a mi qué me toca?”, mientras los delegados perredistas de la capital van negociando los cambios de uso de suelo arropándose en la protección brindada por el jefe de Gobierno. 

Es por tanto lógica la hipótesis de que la detención de Duarte fue negociada y pensada para favorecer electoralmente al PRI. Aun aceptando esas motivaciones, considero positivas las detenciones. La primera razón es que reconfirma la solidez y el profesionalismo del trabajo hecho por la Auditoría Superior de la Federación. Aunque no está claro si la PGR utilizó alguna o varias de las 59 denuncias penales presentadas contra el gobierno de Duarte, queda claro que al menos una institución de peso hizo su trabajo. 

La segunda tiene que ver con la PGR. De confirmarse la versión oficial es saludable el profesionalismo mostrado por la Agencia de Investigación Criminal; urgen policías que sepan investigar. Sería también positivo que el actual procurador, Raúl Cervantes, esté buscando trascender sexenios con trabajo de calidad. El Estado no es un monolito; es una constelación de personas y dependencias con autonomía relativa que compiten por el protagonismo y la supervivencia. 

La tercera razón tiene que ver con la sociedad organizada. Las detenciones hubieran sido imposibles sin la documentación y denuncia realizada por medios de comunicación y organismos civiles estatales, nacionales e internacionales. Este caso confirma que hay, lo que Margaret Keck y Kathryn Sikkink califican de, “redes transnacionales de cabildeo e influencia”. 

Es ingenuo asegurar que empezamos a salir del pantano. Hay un claro consenso de que habrá justicia cuando, además de rejas a un par de delincuentes, venga un ataque frontal contra las redes de corrupción que hicieron posible aberraciones como las de Yarrington, Duarte y tantos otros. Faltan muchísimas posdatas repletas de detalles para aceptar la tesis presidencial de que estos arrestos fueron un mensaje “firme y contundente” contra la impunidad. 

De este caso se desprende, como prioridad del 2017, proteger a la Auditoría Superior de la Federación (ASF); sus informes fueron determinantes para documentar los latrocinios cometidos en Veracruz y en muchas otras dependencias y entidades. A finales de este año renovarán o cambiarán al auditor y tenemos que defender la autonomía y profesionalismo de una de las instituciones que ha hecho un buen trabajo. Sin este tipo de instituciones seguirá habiendo rejas sin justicia. 

La miscelánea
A propósito de justicia. En mi artículo “Salvar a la CDMX” (5 de abril de 2017) incurrí en una omisión. No aclaré que el profesor de la UNAM Luis Astorga fue el primer académico en señalar que la Dirección Federal de Seguridad tenía entre sus funciones el contener, controlar y proteger al crimen organizado. Honor a quien se lo merece por su trabajo pionero. 

Twitter: @sergioaguayo
Colaboró Zyanya Valeria Hernández Almaguer.