En los 80´s, El Salvador se convirtió en el lugar donde de manera sistemática, se comenzó a ver a los periodistas como enemigos. La agresión de las fuerzas de seguridad del régimen controlado por militares contra la prensa propició la respuesta creativa, y reveladora, con gritos impresos en camisetas que tenían en el pecho un blanco de tiro, y en la espalda la leyenda: “¡No disparen! Soy periodista”. Eran los primeros años del final del entorno de seguridad que tenían los periodistas para hacer su trabajo en zonas de conflictos.

En la Guerra de los Balcanes, los riesgos aumentaron al buscar las fuerzas enfrentadas silenciar a la prensa. Hubo simulacros de ejecución y en algunas ciudades asediadas, las periodistas redujeron el riesgo ante los francotiradores usando vestidos floreados que confundían a los agresores.

Según el Comité de Protección a los Periodistas, sólo tres salvadoreños fueron asesinados de 1992 a la fecha, una vez terminada la guerra. En los Balcanes murieron entre 54 y 75 periodistas –la cifra incluye traductores, choferes y asistentes- hasta 1992, cuando la ONU logró un cese al fuego, similar al número de periodistas muertos en la Guerra de Vietnam, y casi el total que falleció durante la Segunda Guerra Mundial. Trabajar como periodista en un país en guerra tiene altos riesgos, pero también, en la gran mayoría de los casos, existen reglas no escritas que permiten a los periodistas minimizar el peligro. Otros países, que oficialmente no están en guerra, carecen de reglas no escritas. No hay límites ni garantías de ninguna especie. México, es el ejemplo más dramático.

De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, México es el país más peligroso del mundo para los periodistas. En su barómetro de 2017, ubica a seis periodistas muertos, Irak, 2; Siria 2; Afganistán, 1; y México, 1. Los datos no están actualizados. A la fecha, en México se han asesinado a cuatro periodistas, lo que hace casi el total de caídos en aquellas naciones asiáticas, todas envueltas en profundas guerras. La penúltima periodista abatida, el 23 de marzo, fue la respetada Miroslava Breach, acribillada al salir de su casa en Chihuahua, lo que aceleró una decisión que se venía evaluando hacía semanas en el diario Norte de Chihuahua, que el lunes pasado cesó de publicarse. “La impunidad que existe, no sólo hacia los periodistas, sino a la comunidad en general es tan alta, que esta es una forma de decir, hasta aquí”, escribió el propietario y director general Óscar Cantú, en un editorial de primera plana publicado en su edición dominical.

La impunidad es el nombre del juego en México. Artículo 19 reportó que desde 1990 se han documentado los asesinatos de 102 periodistas en México, de los cuales casi el 30 por ciento del total han sido durante el actual gobierno. En su informe sobre la situación de la prensa en 2016 –que será revisado este jueves-, Artículo 19 señaló que cada 26.7 horas se agrede a un periodista en México. “En la actual administración de Enrique Peña Nieto las agresiones contra la prensa casi se duplicaron, comparado con la de Felipe Calderón en la que se agredía a un comunicados cada 48.1 horas”, añadió. “Hubo 326 ataques contra periodistas y medios de información en 2016. Las agresiones físicas o materiales fueron las de mayor registro con el 43 por ciento de los casos. Le siguen las intimidaciones con 16 por ciento, las detenciones arbitrarias con 14, y las amenazas con 13”.

El deterioro sobre la libertad de expresión ha sido continuo. Según la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, de julio de 2010 al 31 de diciembre pasado, hubo 798 denuncias por agresiones contra periodistas, 47 por asesinato, pero sólo se lograron tres sentencias condenatorias, una en 2012 y dos en 2016. O sea, el 99.7 por ciento de los casos registrados por la Fiscalía, no ha recibido sentencia alguna. Freedom House dijo que “una combinación de violencia criminal y política, que frecuentemente refleja la colusión entre organizaciones criminales y funcionarios estatales, ha tenido un despliegue dramático en la última década”. 

La inseguridad de los periodistas en México es reflejo de la debilidad de las instituciones. No hay autoridad, sobre todo estatal, que pueda proveer seguridad a los medios y sus trabajadores. Desde hace más de una década hay regiones del país donde los periodistas están al arbitrio de criminales, sometidos o amenazados. En estados como Michoacán, la ley fue plata o plomo, donde organizaciones criminales reclutaron a periodistas. Similares ejemplos se dieron en Tamaulipas y Veracruz, que produjeron un éxodo de profesionales que prefirieron dejar todo antes que involucrarse con criminales o arriesgar su vida por hacer su trabajo, como sucedió con la señora Breach, o cuatro días antes en Veracruz, con Ricardo Monlui Cabrera.

La violencia contra los periodistas en México ha tenido carta de impunidad. “Los periodistas de regiones del país donde mayor índice de agresiones se registra, han encontrado en la autocensura una medida efectiva de protección”, señaló Artículo 19. “Sin garantías para realizar su trabajo, la prensa ha cedido libertad a favor de su seguridad”. El silencio avanza en los medios, acalladas cada vez más sus voces independientes. Es ominoso. La libertad de expresión es la piedra angular de la democracia. Y esto no es lugar común.

Es una realidad. Sin ella, la democracia está coja y retrocede, porque permite que una sociedad carezca de información para tomar mejores decisiones, que es lo que está pasando hoy en día en México.

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