Ciudad de México. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó reponer el procedimiento en el juicio de amparo que promovió la periodista Karla Janeth Silva Guerrero, quien recibió una golpiza orquestada por el ex edil y el ex secretario de Seguridad Pública del municipio de Silao, Guanajuato, para que el juez de la causa resuelva si admite pruebas adicionales de la quejosa que demuestren “la utilización de la estructura del Estado” para agredirla.

Los ministros modificaron el proyecto inicial, elaborado por Margarita Luna Ramos, el cual negaba el amparo a Janet Guerrero, quien solicitó la protección de la justicia federal para garantizar su libertad de expresión, luego de que fue golpeada el 4 de septiembre de 2014 en las instalaciones del diario en que trabajaba por tres sujetos.

Entrevistada al término de la sesión, la periodista guanajuatense destacó la importancia del fallo de la Corte, ya que, dijo, “no se trata únicamente de la garantía de mis derechos, sino del gremio”, para prevenir la violencia contra periodistas.

“Hoy en México la situación es álgida, necesitamos que se garantice el ejercicio de nuestra profesión, hoy necesitamos un México en el que verdaderamente se garantice la libertad de expresión”.

Su abogado, Javier Cruz Angulo Nobara destacó que la sala tomó en cuenta que cuando se presentó el amparo, no estaban en prisión ni el ex director de Seguridad Pública, ni el ex edil de Silao Benjamín Solís Arzola.

Es decir, señaló, con las sentencias en contra del primero, y el proceso penal en curso en contra del segundo, quedó acreditado que utilizaron la estructura del Estado para ejercer violencia contra la periodista.

El día de la agresión, tres sujetos ingresaron al diario El Heraldo de León y se dirigieron directamente al lugar de Karla Janet para golpearla hasta hacerla sangrar, además la amenazaron diciéndole “ya bájale de huevos a tus notas”, la víctima tuvo que ser hospitalizada.

El 18 de mayo de 2015, presentó una demanda contra el presidente municipal de Silao y el director general de Seguridad Pública del municipio, por ordenar la agresión en su contra, “mediante estructuras de poder del Estado, con el objeto de intimidarla y afectar su labor periodística y su libertad de expresión”.

También denunció la omisión a brindarle seguridad y protección a la que tiene derecho como persona y como periodista; el juzgado décimo de distrito en Guanajuato desechó la demanda por “inexistencia del daño reclamado”, por considerar que no había elemento para demostrar la omisión oficial en brindarle protección, toda vez que la reportera no alertó a las autoridades que corría peligro.

El asunto fue turnado a un tribunal colegiado y éste lo envió a la Corte.