La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró que la insistencia de México en la hipótesis sobre el caso Ayotzinapa descartada por el grupo de expertos del organismo constituye "una ruptura".

Así lo relataron hoy el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, y varios comisionados en la rueda de prensa con la que se cerraron en Washington las audiencias públicas del 161 periodo de sesiones.

El caso Ayotzinapa se refiere a la desaparición en septiembre de 2014 de 43 estudiantes en el estado mexicano de Guerrero.

Plagada la investigación de irregularidades, el caso no solo despertó indignación en el país latinoamericano, donde las familias de los jóvenes siguen a día de hoy sin saber qué ocurrió, sino también internacionalmente.

En la audiencia pública sobre el caso Ayotzinapa convocada de oficio por la CIDH el viernes pasado, el Estado mexicano rechazó descartar como línea de investigación la hipótesis de la Procuraduría General de la República que no solo es rechazada por las familias, sino que fue desechada por materialmente imposible por el grupo de expertos de la CIDH que investigó el caso.

"Es una afirmación muy seria y muy grave", dijo el secretario ejecutivo de la CIDH. México se había comprometido a aceptar las conclusiones de los expertos.

Tras una tensa reunión ya en privado el viernes entre el Estado mexicano, las familias de las víctimas y la propia comisión, la CIDH está a la espera de una reacción de las primeras para saber cuál es futuro del mecanismo de seguimiento tripartito.

"Cuando ellos decidan que no quieren más el mecanismo, la CIDH no seguirá implementando el plan de trabajo que ya había sido presentado el año pasado", explicó Abrão. El futuro del mecanismo, en vigor hasta noviembre pero que la comisión quería prolongar, queda así en el aire.

Según la versión que el Estado mexicano bautizó como "verdad histórica", los jóvenes de la escuela para maestros "Raúl Isidro Burgos" fueron perseguidos la noche de su desaparición por policías municipales de la ciudad de Iguala. Tras detenerlos, los entregaron a un grupo criminal que los asesinó e incineró en un basurero del municipio vecino de Cocula.

"No se ha consolidado otra hipótesis", dijo el subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, en la audiencia pública del viernes, desatando la indignación inmediata de las familias de las víctimas y los defensores de los derechos humanos allí presentes, que lo increparon.

La "verdad histórica" fue descartada por la investigación del grupo de expertos independientes que la CIDH envió a México a investigar lo sucedido y que abandonó las indagaciones cuando hace casi un año, en abril de 2016, el Estado mexicano se negó a prolongarle el mandato. Entonces se estableció el mecanismo de seguimiento, en el que la CIDH acompaña a familias y Estado.

Uno de los cinco miembros de aquel grupo de expertos, el español Carlos Beristain, defendió hoy sus conclusiones en la presentación en Washington de su libro "El tiempo de Ayotzinapa", donde narra la investigación del caso.

Beristain volvió a instar al Gobierno mexicano a investigar sobre la base de sus indagaciones, tal y como se comprometió a hacer. "Siempre dijimos que el caso sí se puede resolver, pero para ello hay que seguir las recomendaciones", manifestó Beristain.

"Nuestros informes dejaron atrás esta verdad construida que se ha llamado 'verdad histórica", recordó el psicólogo. El Gobierno debe cambiar "la narrativa", instó. "Se necesita un cambio de rumbo".

El viernes pasado, unas horas después de la audiencia pública en la que el Estado mexicano volvió a poner sobre la mesa la "verdad histórica", se celebró a puerta cerrada una reunión privada muy tensa entre las tres partes, según contó hoy la comisión.

Para que el encuentro tuviera lugar, la comisión estableció que el Estado mexicano tenía que partir de la base de que la hipótesis del basurero estaba descartada. Las víctimas exigieron, además, que lo asumiera de manera pública, lo que quedó aplazado a un pronunciamiento posterior.

Este tuvo lugar esa misma noche a modo de comunicado en el que el Estado mexicano aseguró que continuaba "trabajando de forma permanente y coordinada, conforme a los principios de derechos humanos, a fin de agotar todas las líneas de investigación posibles". Es decir, no descartó explícitamente la hipótesis del basurero.

Las víctimas aún no han reaccionado a ese comunicado y es su reacción la que la CIDH está esperando, según Abrão, para saber si el mecanismo continúa o no.