La entrada al SafariFest habría tenido un costo de 30 pesos por persona y a pesar de que aún no han sido ubicados, organizadores hasta el momento habrían acumulado multas por más de 50 mil pesos.

Cuatro dependencias estarían obligadas a tomar atribuciones por los sucesos registrados la madrugada del domingo, la Secretaría de Salud, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Gobierno y ayuntamiento de Saltillo, quienes deben hacer valer la Ley para la Regulación de la Venta y consumo de Alcohol en el Estado de Coahuila.

La familiar de un asistente al evento aseguró a VANGUARDIA que éste pagó 30 pesos por entrar al lugar donde no se podía ingresar bebidas alcohólicas, para presuntamente adquirirlas dentro.

En el local se escuchó reggeaton y se congregaron diferentes tribus urbanas.

El menor atendió la invitación por facebook, a pesar de que actualmente toda referencia pública sobre la organización del evento ha desaparecido de redes sociales, una fotografía en manos de VANGUARDIA confirmó que éste sería el segundo evento de esta magnitud.

SANCIÓN A RESPONSABLES

El o los responsables serían acreedores a una multa por un mínimo de 56 mil 28 pesos de acuerdo a la Ley para la Regulación de la Venta y Consumo de Alcohol en el Estado de Coahuila, que en su artículo 70 inciso V recalca: “Multa hasta con setecientos días de salario mínimo vigente en la capital del estado, a los propietarios u operadores de los establecimientos a que se refiere esta ley, que cometan por primera vez las siguientes infracciones: Permitir la entrada a menores de edad…”.

De acuerdo al estatuto la Secretaría de Finanzas ésta debería revisar si el lugar del evento se encontraba dentro del padrón de establecimientos con permiso para venta de bebidas alcohólicas. La Secretaría de Salud, cuyo edificio colinda con el lugar del evento, debería emitir un informe a las secretarías de Gobierno y de Finanzas, dentro de los diez días siguientes a la fecha del conocimiento de las irregularidades que se hayan observado.

Por su parte, el ayuntamiento de Saltillo estaría obligado a determinar las sanciones, así como la clausura inmediata del establecimiento donde se haya infringido la ley; hasta el momento el edificio no cuenta con algún indicador de clausura.