Necesitamos servidores públicos con las competencias y actitudes adecuadas para proporcionar bienes y servicios públicos de calidad a su comunidad

Alejandro Dávila FloresEl 25 de julio de 1986 el Gobierno de México firmó el acuerdo de adhesión al GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio), hoy en día WTO (Organización Mundial de Comercio). Al hacerlo, estableció un compromiso en firme para cambiar radicalmente su política comercial: en poco tiempo transitamos de una economía fuertemente protegida por todo tipo de restricciones al comercio exterior, hacia una de las economías más abiertas del mundo. Esta decisión fue muy controvertida en sus orígenes, pero con el paso del tiempo, gradualmente se construyó un amplio consenso en la conveniencia de que el proyecto nacional se finque sobre las bases de una mayor integración y cooperación internacional. La mejor prueba de lo anterior es que, ante la amenaza del Agente Naranja, Donaldo el Rabioso, nadie en su sano juicio plantea la opción de un regreso al pasado.

El cambio cualitativo en las reglas del juego económico impactó a todos los mercados (los de bienes y servicios, así como los financieros y los de factores productivos –trabajo y capital–) y a todos los actores económicos (empresarios, inversionistas, trabajadores y consumidores). 

Los empresarios enfrentaron la competencia no sólo de los bienes y servicios importados, sino de los ofertados en el mercado doméstico a través de los sistemas de franquicias. Quienes no pudieron sostener el desafío tuvieron que cerrar sus negocios. Aquellos que sobrevivieron se vieron obligados a adoptar transformaciones cualitativas en sus sistemas de gestión y producción.

También los trabajadores afrontaron nuevos desafíos; la imperiosa necesidad de desarrollar sus competencias laborales y sufrir las consecuencias de la gran cantidad de buscadores de trabajo y de los bajos niveles de productividad en sus remuneraciones salariales.

Como consumidores, todos nos beneficiamos de la ampliación cualitativa y cuantitativa de bienes y servicios a precios internacionales.

Y sin embargo, quienes nos subieron al tren de la globalización no han hecho la tarea. La evidencia es clara. La última edición del Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial, que comenté en este mismo espacio la semana pasada, revela los 18 indicadores (de un total de 114) en los cuales nos encontramos en la cola del ferrocarril de la competitividad. Vale la pena recordarlos: malversación de fondos públicos (125); confianza pública en los políticos (124); pagos irregulares y sobornos (103); independencia judicial (105); favoritismo en las decisiones de los funcionarios públicos (124); obstáculos de la regulación gubernamental (118); eficiencia de la estructura legal en la resolución de disputas (113); eficiencia de la estructura legal en las disputas regulatorias (103); costos para los negocios del crimen y la violencia (130); crimen organizado (135); confiabilidad de los servicios policiales (130); conducta ética de las empresas (112); suscripciones de teléfonos celulares (114); calidad de la educación primaria (114); calidad del sistema de educación técnica y superior (112); calidad de la educación en ciencias y en matemáticas (120); tasa impositiva total (114); costo de la política agrícola (119) y; participación de la mujer en la fuerza laboral (116).

La gran mayoría (15 de 18) tiene que ver con bienes y servicios públicos ofertados por instituciones de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y ámbitos (federal, estatal y municipal) del Estado mexicano.

En pocos días iniciarán las campañas electorales para Gobernador, alcaldes y diputados locales. Lo primero que los votantes deberíamos exigir a los candidatos son propuestas específicas para mejorar cada uno de esos 18 indicadores en sus ámbitos de competencia.

Con el ánimo de ayudarlos en su tarea, los propongo la instauración del servicio civil de carrera en los tres poderes en los ámbitos estatal y municipal. Un componente importante de esta propuesta es la selección de los servidores públicos que no son electos mediante votación, a través de la aplicación de concursos por oposición.

En el marco de la Reforma Educativa, el Gobierno Federal logró reemplazar los sistemas de plazas heredadas por los exámenes de oposición como mecanismo de selección de los profesores; ¿por qué no aplicar instrumentos equivalentes en la selección de los servidores públicos?

Así como para elaborar un buen vino se requieren insumos, condiciones adecuadas, buenas prácticas agrícolas y personal humano calificado, los requerimientos no son muy diferentes en el caso de los bienes y servicios públicos. Necesitamos servidores públicos con las competencias y actitudes adecuadas para proporcionar bienes y servicios públicos de calidad a su comunidad. Lo que tenemos en la actualidad está muy lejos de ese objetivo, salvo honrosas excepciones, lo que abundan son chapulines, oportunistas e incompetentes. Los resultados están a la vista, como también lo están las vías de solución.

adavila_mx@yahoo.com.mx