Desde su origen, la Ciudad de México ha mantenido una tradición centralista. Los antecedentes están en la historia. A lo más, a partir del año 1997, a los capitalinos se nos dio la posibilidad de elegir a un jefe de Gobierno, y a jefes delegacionales desde el año 2000. Hoy, la capital tiene mucho que enseñarle al resto del país en términos de federalismo. De ello es evidencia una nueva Constitución en la cual se establece una nueva administración que busca lograr el desarrollo íntegro de la metrópoli y mayor participación de los ciudadanos.
Los trabajos en la Comisión de Alcaldías de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México partieron de dos premisas fundamentales. Por un lado, situamos al ciudadano en el centro del debate de toda toma de decisiones. En segundo término, nos comprometimos a crear gobiernos de proximidad con plenas capacidades y atribuciones, tanto legales como presupuestales, para responder oportunamente a los ciudadanos.
Para ello, el actual gobierno delegacional será sustituido por un modelo de alcaldías sustentado en dos figuras electas por el voto universal, libre, secreto y directo. Por una parte, los alcaldes ejercerán funciones de gobierno y administración pública, y por la otra, los concejos, que serán conformados por entre 10 y 15 integrantes (concejales), de acuerdo con la densidad demográfica de la demarcación territorial en cuestión.

Los concejales aprobarán el proyecto de presupuesto de la alcaldía y exigirán cuentas al alcalde no sólo en términos financieros, sino también para revisar cada acto de la administración. La integración de los concejos garantizará también que los intereses de los habitantes de la capital sean representados mediante la creación de circunscripciones que obligarán a los partidos políticos a presentar planillas verdaderamente representativas de toda la demarcación y que los recursos financieros disponibles se traduzcan en acciones en beneficio de cada rincón de los habitantes.

La Constitución local reconoce a las alcaldías 93 atribuciones sobre diversas materias de impacto ciudadano que definen con claridad los tramos de responsabilidad entre éstas y el gobierno central. Para ello, son clasificadas en tres grandes rubros: exclusivas, coordinadas y subordinadas. Asimismo, busca asegurar una mejor coordinación y colaboración entre los distintos niveles de gobierno a fin de garantizar a todos los habitantes el respeto a sus derechos y la prestación de servicios públicos de calidad.

El ejercicio pleno de las atribuciones se acompaña de la posibilidad de que las alcaldías ejerzan con autonomía los recursos asignados. Por llamarlo en términos coloquiales, cada alcaldía contará con su propia chequera. Ya no serán rehenes de la Secretaría de Finanzas del gobierno central. A partir de 2018, las alcaldías recibirán los recursos de origen federal que les correspondan, aquellos asignados de los fondos de desarrollo sostenible y de inversión en infraestructura, y los ingresos que generen mediante el cumplimiento de sus atribuciones, como la prestación de servicios públicos o la imposición de multas administrativas.

La nueva Constitución sienta las bases para que las alcaldías incentiven la participación ciudadana en el diseño y ejecución de políticas públicas que impacten en el desarrollo de las demarcaciones territoriales.

Es en éstas donde conviven y coinciden casi 9 millones de habitantes, así como 2 millones de personas que se trasladan a la capital. A las alcaldías corresponderá el reto de consolidar relaciones ciudadanas próximas, incluyentes, transparentes y modernas que promuevan el empoderamiento ciudadano y se constituyan como verdaderos modelos de gobernanza para el resto del país.

Senadora por el PAN