Una joven argentina que creció en Mississippi y fue detenida tras criticar las políticas del presidente Donald Trump hacia los inmigrantes quedó en libertad el viernes.

La liberación de Daniela Vargas, de 22 años, de un centro de detenciones en Jena, Louisiana, no pone fin a su batalla jurídica para evitar ser deportada, dijeron sus abogados.

"Esto de ninguna manera concluye el caso", dijo Joshua Stehlik, abogado supervisor del Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC, por sus siglas en inglés).

"Nosotros aún procederemos con la demanda legal contra la orden de deportación", explicó.

Thomas Byrd, portavoz del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus iniciales en inglés), confirmó que Vargas fue liberada por esa agencia, pero dijo que no tenía información adicional.

Los abogados de Vargas indicaron que la orden de supervisión que ella recibió requiere que se presente ante una oficina del ICE en Mississippi el mes próximo. Hasta el momento no está claro si hay otros requisitos, señalaron.

"Su excarcelación fue una decisión del ICE. No fue ordenada por un tribunal", dijo Stehlik.

En otro suceso el viernes, un juez de una corte federal de distrito transfirió al Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito la solicitud de emergencia que ella hizo para demorar su deportación.

Mientras tanto, sus abogados dijeron que Vargas volverá a Mississippi, donde fue arrestada por agentes del ICE el 1 de marzo tras hablar en una conferencia de prensa afuera del ayuntamiento de Jackson City organizada por una coalición de abogados defensores de los derechos civiles y otros activistas en pro de los inmigrantes.

Uno de sus amigos, Jordan Sanders, dijo que agentes federales en automóviles sin marcas oficiales les obligaron a orillarse cinco minutos después de que partieron.

La abogada Abigail Peterson les dijo a los reporteros que Vargas está aliviada de haber salido libre.

"Creo que ella está bastante bien, dado todo lo que ha pasado", dijo Peterson.

Los padres de Vargas la trajeron desde Argentina cuando tenía 7 años bajo un programa de exención de visa, el cual permite a inmigrantes ingresar a Estados Unidos sin una visa durante 90 días, pero les niega una audiencia ante un juez de inmigración si se quedan más tiempo.

Sus abogados presentaron una solicitud el lunes ante una corte federal en la que exhortaron al Departamento de Seguridad Nacional otorgue un permiso para que Vargas pueda quedarse en Estados Unidos hasta que a ellos les sea posible presentar el caso ante un juez.

El de Vargas es evaluado como un caso de alargamiento de estadía, lo cual podría negarle una audiencia ante un magistrado y ser deportada casi automáticamente.

Vargas estudió la secundaria en Morton, Mississippi, y después se matriculó en la Universidad del Sur de Mississippi. Ella forma parte de un grupo de migrantes jóvenes llamados 'dreamers' que pudieron acogerse a un programa especial del gobierno de Barack Obama que les protegía de la deportación, conocido como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

"Todos sus amigos (en Mississippi) la han apoyado enormemente", dijo Peterson.

"Aquí es donde ella creció", añadió

El programa DACA -cuyos críticos dicen es una 'amnistía ilegal'- ha protegido a unos 750 mil inmigrantes desde su lanzamiento en el 2012. Les permite a inmigrantes jóvenes que fueron traídos cuando eran niños y que viven sin permiso de residencia en Estados Unidos quedarse y obtener permisos de trabajo, válidos por dos años.

El permiso más reciente de Vargas expiró en noviembre, y no fue sino hasta febrero cuando pudo pagar los 495 dólares por la renovación, dijo Peterson.

Agentes del ICE arrestaron a su padre y a su hermano en su casa el 15 de febrero, pero le dijeron a Vargas que tendría un "pase", escribieron sus abogados en la petición judicial presentada el lunes.

Nathan Elmore, uno de sus abogados, dijo que le dieron a Vargas la oportunidad de ver a su padre y hermano mientras estaba detenida. Sus abogados dijeron que ellos no representan a sus parientes y no podían comentar en torno al estatus de sus casos.

"Este es sólo un paso", dijo Kristi Graunke, abogada del Centro Legal para la Pobreza en el Sur, con relación a la liberación de Vargas.

"Nos queda un largo camino por delante", advirtió.