La Policía de Filipinas falsifica evidencias para justificar ejecuciones extrajudiciales en la lucha contra las drogas emprendida por el presidente Rodrigo Duterte, denunció hoy la organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW).

"Nuestras investigaciones sobre la 'guerra contra las drogas' filipina concluyen que la Policía suele matar a sangre fría a los sospechosos y encubrir el crimen colocando drogas y armas en el lugar", dijo al presentar el informe Peter Bouckaert, el responsable de emergencias del grupo.

Más de 7,000 personas han muerto desde que Duterte llegase al poder en junio pasado y lanzase su campaña antidrogas, según HRW.

La organización acusa al mandatario de incitar al asesinato en esta campaña, en la que se podrían estar cometiendo crímenes de lesa humanidad. Además, insta a Naciones Unidas a investigar la situación para llevar a los culpables ante la Justicia.

"Matar a criminales no es un crimen contra la humanidad. Los criminales no tienen humanidad", aseguró Duterte al conocer el informe de HRW.

El portavoz de la Policía Nacional, Dionardo Carlos, dijo que HRW debería compartir su información con la Policía, para que los agentes que no hayan actuado bien puedan ser llevados ante la Justicia.

El informe presentado hoy y titulado "Licencia para matar" también señala que los hombres enmascarados y armados que participaron en los asesinatos trabajan en estrecha cooperación con la Policía, contradiciendo las afirmaciones del Gobierno de que la mayoría de las muertes fueron obra de vigilantes y bandas rivales.

HRW indicó que gran parte de su informe se basa en entrevistas a miembros de las víctimas, así como a testigos de las ejecuciones de la Policía en Manila. Se estudiaron 24 casos en los que murieron 32 personas y que tuvieron lugar entre octubre de 2016 y enero de 2017, en los que estuvieron agentes de la Policía involucrados.

Aunque la campaña antidrogas apuntaba presuntamente a los "capos de la droga" y a los vendedores de droga, las víctimas en todos los casos investigados eran personas pobres, la mayoría de ellos consumidores, no vendedores, según HRW.

A pesar de que la Policía ha cerrado la investigación de 922 de estas muertes, no se ha producido ninguna detención, señala.

"El papel del presidente Duterte en estos asesinatos le convierten en el responsable último de la muerte de miles de personas", afirmó Bouckaert.