San Francisco también demandó ayer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por castigar a las "ciudades santuario"; las que como esta metrópoli californiana se niegan a colaborar con las autoridades federales en la detención y deportación de inmigrantes indocumentados.

"La orden ejecutiva no solo es inconstitucional, es antiestadounidense", manifestó el fiscal de la ciudad, Dennis Herrera. "Por eso tenemos que levantarnos y oponernos. Somos una nación de inmigrantes y un país de leyes".

El mismo día en el que Trump firmó la orden ejecutiva que puso el primer paso para la construcción del muro en la frontera con México, el presidente firmó otra para retirar fondos federales a las "ciudades santuario", aunque no especificó el monto.

San Francisco no solo se niega a colaborar con las autoridades federales en la localización y expulsión de personas sin papeles, sino que además cuenta con legislación que prohíbe expresamente hacerlo a los funcionarios municipales.

La demanda, presentada por la ciudad y el condado de San Francisco, se dirige directamente contra Trump; el secretario de Seguridad Interior, John Kelly, y la fiscal general en funciones, Dana Boente.

San Francisco, que recibe 1200 millones de dólares anuales procedentes de fondos federales, es la primera de estas ciudades que demanda a Trump y su administración. Está situada en el estado de California, predominantemente demócrata y que ha prometido dar la batalla contra el nuevo mandatario, sobre todo en cuestiones migratorias. Entre las "ciudades santuario", todas con alcaldes demócratas, están también Chicago, Nueva York y Los Ángeles.

El Centro de Estudios sobre Inmigración (CIS, por sus siglas en ingles), que persigue una reducción de la inmigración en Estados Unidos, sitúa en el mapa del país más de 300 lugares (estados, condados y ciudades) con políticas que califica de "no cooperadoras y obstructivas con la aplicación de las leyes inmigratorias".