Nada es totalmente bueno ni absolutamente malo, suele decirse. Atendiendo a tal principio, el incremento en el precio de la gasolina debe tener alguna arista positiva… o estaríamos obligados a considerar tal hecho como la excepción a la regla.

Lo aclaro pronto para no provocar el injusto lanzamiento de objetos contundentes –ni la expresión de recordatorios maternales– en la dirección de este opinador: no me dispongo a defender al Gobierno de la República ni a intentar una justificación de la ruta a través de la cual hemos llegado a este infausto nuevo gasolinazo.

La intención es distinta y me surgió de la lectura de un inteligente artículo publicado ayer por VANGUARDIA. Bajo el título “El verdadero costo de la gasolina” y de la autoría de Emilio Montemayor, el texto convoca a reflexionar sobre una idea provocadora: no deberíamos reclamarle al Gobierno el incremento en el precio de la gasolina, porque tal hecho es benéfico en el fondo y no necesariamente perjudicial.

No voy a repetir los argumentos de Montemayor. Mejor les invito a leer su texto en estas mismas páginas. Destaco sólo la idea con la cual da título a su colaboración: “El verdadero costo de la gasolina es difícil de medir. No sólo habría que tomar en cuenta el precio del petróleo, el proceso de refinación, transporte y distribución, sino que también se debe medir el efecto que tiene en el medio ambiente”.

Contrario al planteamiento de Montemayor, la mayoría de la población no tiene en cuenta sino factores más inmediatos para definir su humor respecto de la decisión gubernamental de liberar el precio de los combustibles: el primero de ellos, el impacto monetario causado en sus finanzas personales.

Asiste, sin duda, la razón a quienes así piensan, pues resulta válido demandar del Gobierno un trabajo cuyos resultados redunden en una mejoría en nuestro nivel de vida.

O, para decirlo acudiendo a la sabiduría de la mamá de Facundo Cabral –según versión expuesta por el propio autor argentino–: es válido esperar, como mínimo acto de respaldo del Gobierno a nuestros personales esfuerzos, el abstenerse de jodernos.
Incluso puede perdonársele a nuestros gobernantes el no ayudarnos. Pero, por favorcito, ¡no nos chinguen!

Pensar de esta forma –válida, sin duda– no le resta un ápice de certeza a la afirmación sobre el beneficioso efecto –en términos colectivos, sobre todo de carácter ambiental– del incremento en el costo de las gasolinas. Y en algún momento deberíamos atrevernos a discutirlo.

Pero mientras ese momento llega, la existencia de un argumento como el anterior sirve bien para insistir sobre un tema al cual hemos acudido reiteradamente en este espacio dedicado de tiempo completo a llamar la atención sobre las aristas relevantes de la discusión pública: el despropósito de la protesta.

Aclaramos nuevamente para evitar –quizá el esfuerzo sea inútil a estas alturas– las invectivas: no estamos en contra de la protesta –individual, masiva o en grupos pequeños, en persona o a través de las redes sociales– por el gasolinazo. Mucho menos reprochamos la actitud de quienes han decidido salir a las calles a manifestar su inconformidad.

El punto es un poco más sofisticado, si acaso cabe el término: el descontento no debe estar sólo orientado a reclamar por el nuevo precio de la gasolina y, en consecuencia, demandar el retorno a los precios anteriores. Tener una gasolina “cara” no necesariamente es un problema grave.

Los problemas, en realidad, están en otra parte. Por ejemplo, en la cínica incapacidad de nuestra clase política de renunciar, al menos en parte, a sus privilegios.

Y para botón de muestra ahí está otro de los textos publicados ayer mismo por VANGUARDIA: “Legisladores ‘blindados’ ante crisis de hidrocarburo” reza el titular mediante el cual se dio cuenta de la forma en la cual los integrantes de nuestra “H” Cámara de Diputados decidieron reaccionar al incremento de la gasolina: incrementando la partida presupuestal con la cual se les asigna combustible como parte de sus prestaciones.

Frente a la realidad cuyos efectos joden a la mayoría, nuestras diputadas (es obligado mencionarlas de forma diferenciada) y diputados decidieron no renunciar a un sólo mililitro de gasolina, incrementando en 21 por ciento la carga presupuestal de dicha prestación.

Impensable, por supuesto, considerar la posibilidad de reducir en 80 por ciento la partida presupuestal de gasolina para nuestros “representantes”, canjeándoles el remanente por boletos del metro… ellas y ellos no pueden “rebajarse” a recorrer la ciudad a bordo de esos mecanismos tumultuarios en cuyo interior es imposible diferenciar las clases.

No debemos dejar de protestar por el gasolinazo, pero para disminuirle a dicha protesta el nivel de despropósito actual deberíamos fijarnos también en algunos otros detalles…

¡Feliz fin de semana!

@sibaja3
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