El pasado 26 de diciembre, a cinco meses de las elecciones más importantes de los últimos 87 años para el Estado, el periódico El Norte editorializó con buen tino una información que días atrás dio a conocer el portal de Internet Periódico Acceso: “El hackeo al celular de David Aguillón deja al descubierto el control del PRI en Coahuila sobre el IEC”.

No se trata de cualquier cosa. La noticia significa la confirmación de que una etapa oscura para la democracia en la entidad, aparentemente superada con la desaparición del IEPC, en realidad siempre ha estado presente.

Las conversaciones entre el referido Presidente de la Fundación Colosio y el consejero Alejandro González Estrada evidencian la infiltración del grupo en el poder dentro del Consejo General del IEC, lo cual contraviene cinco de seis principios rectores de la función electoral: imparcialidad, certeza, legalidad, independencia y objetividad. Asimismo, tuercen un proceso electoral que nos costará 374.8 millones de pesos a los coahuilenses y, más allá de lo económico, levantan un dique de contención a la voluntad popular: no importa por quién vote un ciudadano, la resolución de cualquier controversia siempre será favorable al PRI.

Repito: no es cualquier cosa.

Existen dos puntos a considerar. Primero, un asunto deontológico: partimos de un hecho ilícito, el espionaje, para revelar otro hecho ilícito, la corrupción.

¿Obtener una conversación por medios indebidos descalifica la “prueba” en materia electoral?

Segundo: la veracidad. Y aquí es difícil llegar a ella por una razón: ¿cuándo ha visto usted, en los 11 años de “moreirato” (una etapa de descomposición social y corrupción del sistema político coahuilense) que un servidor público admita haber cometido un acto ilícito?

¿Por qué dar credibilidad, entonces, a las declaraciones de un funcionario?
Como era de esperarse, González Estrada y Aguillón negaron los hechos en la semana: “A mí no me hackearon nada”, farfulló Aguillón (El Norte, 26 diciembre 2016). “No son conversaciones mías, no sé de dónde las han sacado”, excusó González Estrada (El Norte, 28 diciembre 2016).

Sin embargo, el texto es demasiado sugerente para descalificarse a la primera. Si usted coteja cronológicamente los hechos relatados en él (del 7 de julio al 2 de diciembre) con el orden del día de las sesiones celebradas entre esas fechas (11, en total), encontrará similitudes en fondo y forma. Casos puntuales que se fueron desahogando conforme avanzó el calendario.

Sólo conocedores de la política interna (David Aguillón) y el Derecho Electoral (González Estrada) podrían sostener una conversación tan puntillosa y técnica como ésa. Hacer una suplantación por fechas y eventos, como sugieren los acusados, requiere una sofisticada preparación. Lo importante no es que existan programas informáticos para corromper, sino que los datos coinciden. No es la forma, sino el fondo lo que importa.

Mientras la Reforma Electoral se consumó en 2014, entre otros motivos para quitar el control de las elecciones estatales a los gobernadores, un funcionario de Coahuila (que además lleva 14 años enquistado en los institutos electorales) sugiere “proteger al jefe (Rubén Moreira)”, además de revelar información que le confían partidos opositores al Gobierno, como Morena y el PAN, o reportar las actividades que realizan las comitivas del INE durante sus visitas a Coahuila. Ojo.

En 2010, cuando sucedió el affaire del “cariñito” que protagonizaron el consejero del IEPC, José Manuel Gil Navarro, y el entonces representante del PRI ante el órgano, Ramón Verduzco, la nula autonomía impidió se castigase una falta de probidad. Pero ahora, con la distribución de competencias y nuevas atribuciones de por medio, no existen impedimentos para actuar en consecuencia y aplicar el artículo 102 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, relativo a la remoción de consejeros.

No son intocables. En Chiapas, por ejemplo, en mayo de 2016 fueron removidos los siete consejeros electorales por “notoria negligencia” e “ineptitud manifiesta”.

El 28 de septiembre la consejera presidenta del Instituto Electoral de Colima fue suspendida 30 días, sin goce de sueldo, por “negligencia, ineptitud y descuido” como consta en la resolución INE/CG684/2016.

Cortita y al pie
Y en octubre pasado sucedió un caso interesante: fue destituido por el INE un consejero del Instituto Electoral de Querétaro por recibir, al mismo tiempo de su labor, una remuneración económica como profesor universitario, lo cual es un impedimento señalado por la Ley.

“Ha incurrido en una causa grave que amerita su remoción, puesto que ha violado directamente una norma constitucional y legal que tutela principios fundamentales de la función electoral”, dice la resolución INE/CG745/2016 del Consejo General, la cual obtuvo 10 votos a favor de la remoción por uno en contra.

Si al queretano lo destituyeron por lo que a ojos de muchos es peccata minuta, ¿qué deberá suceder con González Estrada en Coahuila?

La última y nos vamos
¿Tiene arreglo el IEC, se puede componer? Depende del Consejo General del INE. Ellos tienen la respuesta: modificar para acercarse al ideal democrático, o no hacer nada para mantener el statu quo. Veremos qué puede más.    

@luiscarlosplata