La protección del medio ambiente y la biodiversidad, junto con el combate a la pobreza son los dos grandes retos del siglo 21. La forma en la que enfrentemos este doble desafío definirá a nuestra generación: si fracasamos en uno, también nos condenamos al fracaso en el otro.

Este fue el reto que abordamos los 167 países parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica que nos dimos cita en Cancún.

Como anfitrión de la decimotercera Conferencia de Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP13), México propuso una agenda innovadora para integrar a sectores económicos que dependen de la biodiversidad, pero que también generan presión sobre los ecosistemas: el agrícola, forestal, pesquero y turismo.

El resultado de este encuentro fue la Declaración de Cancún, que se convirtió en una hoja de ruta hacia el reconocimiento y valorización de la biodiversidad. Desde ahora, queda claro que cualquier política de desarrollo emprendida por los países, deberá dar la más alta prioridad a la gestión de la biodiversidad.

Si bien Cancún representa un parteaguas para el Convenio sobre la Diversidad Biológica, su contribución para México es aún más valiosa: la COP13 fue un catalizador de acuerdos que por décadas se habían mantenido estancados.

Un ejemplo de ello es el acuerdo firmado entre Sagarpa y Semarnat, para que las políticas de subsidio al campo no compitan con políticas ambientales en favor de la conservación de los bosques.

Pero nada ilustra el compromiso del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto con la agenda de integración de la biodiversidad para el bienestar, como los anuncios del pasado 5 de diciembre, que marcan un hito para la gestión ambiental de nuestro país.

En primer lugar, se decretaron cerca de 65 millones de hectáreas de Áreas Naturales Protegidas, con lo cual se triplicó la proporción de territorio mexicano bajo protección que se había decretado por presidentes desde Venustiano Carranza.

No menos importantes fueron los acuerdos para la conservación de la Selva Lacandona, en Chiapas.

En un diálogo con representantes de 70 núcleos agrarios que habitan alrededor de la Reserva de la Biósfera de Montes Azules, el Presidente se comprometió a una serie de medidas que aseguran la protección de la selva y, al mismo tiempo, ofrecen una vida digna a las comunidades.

Montes Azules es el área que contiene la mayor diversidad biológica de México; representa apenas 0.16% de la superficie del territorio y cuenta con 20% de las especies de plantas, 25% de las aves, 27% de los mamíferos y 17% de los peces de agua dulce.

Para protegerla, se garantizará que la región esté libre de exploraciones o explotaciones de hidrocarburos o mineras. Cabe destacar que tampoco se permitirá la construcción de represas en el Río Usumacinta.

Sin embargo, estas acciones no bastan si no se ofrece una fuente de ingreso a las comunidades que hoy dependen de actividades que generan deforestación, como la ganadería extensiva o la quema para la siembra. Por eso resulta fundamental la promesa de mantener el Pago por Servicios Ambientales y promover modelos productivos sustentables.

La importancia histórica de estos acuerdos es que diversas dependencias del Gobierno Federal y gobiernos locales trabajaremos de manera coordinada para contar con un esquema de protección de este invaluable ecosistema que vaya de la mano con el desarrollo de las comunidades.

Por supuesto, no basta con llegar a acuerdos. En su cumplimiento estará a prueba nuestra convicción de que la biodiversidad es nuestra mayor riqueza y que su protección debe generar beneficios justos para quienes son los guardianes de nuestro patrimonio natural.

Por Rafael Pacchiano Alamán
Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales