Al revisar los registros de estas operaciones en Pideco, la Auditoría Superior del Estado (ASE) concluyó que este organismo no contaba con la documentación comprobatoria de las  mismas

En el paquete tóxico de pasivos ilegalmente contraídos por el Gobierno del Coahuila, en el 2011, figuran 7 mil 915 millones de pesos relacionados con el programa de Cadenas Productivas de Nafinsa (Nacional Financiera), banca de desarrollo que opera con recursos públicos federales. Nafinsa y el Gobierno de Coahuila celebraron un convenio para operar con los proveedores de este último. En teoría, se trataba de respaldar su liquidez sobre las cuentas por cobrar con el Gobierno del Estado, mediante la realización de operaciones de factoraje (pago electrónico anticipado de cuentas contra los documentos que las amparan; facturas, pagarés, entre otros).

El grueso de estas operaciones (6 mil 100 millones de pesos) se efectuaron a través de Pideco (Promotora Inmobiliaria para el Desarrollo Económico de Coahuila). La mecánica era la siguiente: la Secretaría de Finanzas y/o el SATEC negociaban con los intermediarios financieros los montos, plazos, tasas de interés y documentos a financiar. Posteriormente capturaban electrónicamente la solicitud en el portal de Nafinsa. Acto seguido, instruían a Pideco para que procediera a descontar los documentos por cobrar de los proveedores del Gobierno de Coahuila, ante el intermediario financiero seleccionado. Los bancos respectivos transferían a Pideco el monto de los documentos negociados, deduciendo el pago anticipado de los intereses. Sólo que en lugar de entregar el dinero a los supuestos proveedores, Pideco lo transfería, vía interbancaria (SPEI), mediante instrucciones telefónicas recibidas de SATEC o la Secretaría de Finanzas, a las cuentas bancarias indicadas por esas dependencias.

Al revisar los registros de estas operaciones en Pideco, la Auditoría Superior del Estado (ASE) concluyó que este organismo no contaba con la documentación comprobatoria de las mismas, ni con la justificación de la relación comercial. La ASE también señaló que las comisiones pagadas a los bancos por estas transacciones, por un monto de 153 millones de pesos, no pudieron ser ratificadas mediante la exhibición de pruebas documentales (estados de cuenta bancarios) por la Secretaría de Finanzas.

Aún más, al revisar las cuentas bancarias de Pideco, la ASE detectó operaciones no respaldadas por un  monto de 3 mil 994 millones de pesos adicionales, de los cuales las autoridades de ese organismo no pudieron aclarar su origen, ni mostraron los registros contables correspondientes de la cuenta depositaria, una cuenta de cheques abierta en BBVA–Bancomer, la cual no estaba registrada en la contabilidad del organismo. Estos fondos también fueron transferidos por Pideco a cuentas de la Secretaría de Finanzas, de SATEC y del propio Pideco.

La ASE, no indica si los documentos negociados correspondían a proveedores realmente existentes o a empresas “fantasma”.
La conclusión de la ASE sobre el esquema  de  cadenas  productivas fue la siguiente: “se observa el uso indebido de esta herramienta, pues los recursos obtenidos devienen de transacciones simuladas para obtener recursos inmediatos, incurriendo en gastos financieros  muy elevados en comparación con los créditos a largo plazo. Así mismo, los registros contables de sus ingresos y aplicaciones fueron manipulados para distorsionar la información financiera con el objeto de, entre otras cosas, evitar sus efectos negativos en las calificaciones crediticias”.

Por supuesto, tampoco en este asunto se ha hecho justicia. Sólo que al estar involucrados intermediarios financieros y fondos federales, resulta legítimo preguntar: ¿qué han hecho sobre este particular las instituciones responsables de la regulación y supervisión del sistema bancario mexicano: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México (Banxico), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef)? ¿Cuál ha sido la intervención de la Auditoría Superior de la Federación y cuál la de la Procuraduría General de la República? Como decía Shakespeare: “Algo huele mal en Dinamarca”.
No te hablo, pero te firmo

La semana pasada, en este mismo espacio, Enrique Martínez y Morales intentó un deslinde, en mi opinión fallido, respecto de Javier Villarreal. Tras reconocer que había colaborado con él en algunos proyectos, dijo que al enterarse de algunas irregularidades en su conducta le retiró el habla. Sólo que estos antecedentes, las observaciones reiteradas de irregularidades financieras reportadas por la ASE, así como el cúmulo de anomalías que he tratado de relatar en mis últimas colaboraciones sobre la deuda pública ilegal e ilegítima del Gobierno de Coahuila, fueron insuficientes para que se negara a aprobar los dictámenes de la nueva Ley de Deuda Pública y de contratación de créditos para reestructurar la mencionada deuda. Como es públicamente conocido, Javier Villarreal desempeñó un rol protagónico en el asalto financiero al Estado de Coahuila. Por su parte, Martínez y Morales tuvo un papel estratégico en ambos dictámenes, pues era el Secretario de la Comisión de Finanzas, por la cual pasaron los mismos antes de ser votados en el Pleno. Que no se olvide.

adavila_mx@yahoo.com.mx