Algo está muy mal –o ha estado muy mal por demasiado tiempo– en una sociedad, cuando los poderes públicos deben ocupar parte de su tiempo en concebir, desarrollar y plantear una propuesta de “Ley para la Localización, Recuperación e Identificación Forense de Personas del Estado”, como la presentada ayer al Congreso de Coahuila.

La nueva norma que se ha propuesto crear tiene como propósito, de acuerdo con lo dicho durante su presentación, el “mejorar la recuperación e identificación forense de personas en Coahuila”, es decir, busca convertirse en un apoyo que permita ordenar el trabajo de las autoridades a la hora de localizar e identificar personas desaparecidas.

La novedad del ordenamiento, según lo expuesto por el titular de la Unidad de Derechos Humanos del Ejecutivo Estatal, Federico Garza, es el hecho de que en ella “se prevé la participación de las familias en estos trabajos de localización e identificación de estas personas. Que las familias estén involucradas con su experiencia y conocimiento en estos temas… estarán en las acciones necesarias para el resguardo y el correcto tratamiento de los restos encontrados”.

No puede cuestionarse la necesidad de la norma, pero es preciso señalar de forma puntual las razones fundamentales que nos condujeron a requerirla: el abandono de las responsabilidades públicas y la consecuente desconfianza de las víctimas en la acción del Estado.

Porque para requerir una norma que ordene el trabajo en la búsqueda de personas desaparecidas antes tuvo que ocurrir la desaparición. Y debieron ser tantas, en tan diversas y atroces circunstancias, que los instrumentos jurídicos previamente creados para instaurar eso que los entendidos llaman “estado de derecho”, simplemente devinieron inútiles.

Y una de las peores partes de esta historia es que las desaparición, las miles de desapariciones registradas en los últimos años, se dieron con la participación o, al menos, la aquiescencia de las autoridades responsables de garantizar nuestra seguridad, lo cual llevó al desmoronamiento absoluto de las instituciones públicas ante los ojos del ciudadano.

Por ello, hoy sólo podemos aspirar a conocer la verdad y a reconstruir los hechos si en ese proceso participan los sobrevivientes de la tragedia, los familiares que mantienen abierta permanentemente la herida de la incertidumbre, herida que les convierte a ellas y a ellos también en víctimas de la crisis humanitaria que azota a nuestro país.

Está muy bien, desde luego, que se impulse la referida ley; está muy bien que se reconozca la necesidad del acompañamiento de las víctimas; está muy bien que exista la voluntad política para impulsar todo el proceso.

Lo que estuvo, está y seguirá estando muy mal es que la historia detrás de la norma haya tenido lugar, es decir, que hayamos permitido que la sociedad coahuilense viviera la prolongada pesadilla que nos trajo hasta acá: hasta la realidad convertida en cementerio.