Un reportaje publicado por el periódico español El País ha revelado la presunta existencia de un complot para asesinar a una funcionaria de la Procuraduría General de Justicia de Coahuila, descubrimiento que, de acuerdo con las autoridades españolas, ha tenido como única respuesta, por parte de las instancias mexicanas y coahuilenses, el silencio.

De acuerdo con la información a la cual tuvo acceso el periódico ibérico, el comisario jefe de la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la unidad policial española que descubrió el presunto plan criminal, envió un escrito, el pasado 17 de marzo, a la División de Cooperación Internacional para alertar sobre el particular.

“No entendemos cómo ante un asunto tan grave ninguna autoridad de México nos ha requerido información. Nadie nos ha llamado, ni se ha presentado preguntándonos sobre este asunto”, habría dicho al diario un funcionario cercano a la investigación, mientras que otra fuente habría señalado que “se esperaba que la Fiscalía, la Policía o el Juzgado de la Audiencia Nacional que investiga el caso recibiera alguna comunicación de México, pero no tenemos ninguna noticia”.

Incluso, de acuerdo con El País, la Procuraduría General de Justicia de Coahuila habría sido requerida para emitir opinión antes de la publicación del reportaje, pero la fuente de la dependencia a la cual se le consultó habría contestado con un lacónico “sin comentarios” a las preguntas del diario.

Se trata, a primera vista, de un caso importante en el cual, tal como lo señala el reporte periodístico llegado de España, la conducta de las autoridades mexicanas resulta claramente incomprensible.

Y es que no puede comprenderse que ante la posibilidad –así sea ficticia– de que uno de sus agentes podría estar en peligro de muerte, a las autoridades de nuestros país tal hecho no les provoque ni siquiera curiosidad, para ponerlo en los términos más amables.

Una segunda mirada y, sobre todo, el hecho de que el personaje central de esta historia sea Juan Manuel “El Mono” Muñoz, parecen aportar un poco más de lógica a la historia, aunque eso no serviría para justificar la posición de las autoridades, sino sólo para volverla más reprochable.

Porque a falta de mayores elementos y ante la negativa de las autoridades a ofrecer su versión de los hechos, la historia relatada por El País pareciera la típica acción gubernamental mexicana orientada a “enterrar” un asunto en torno del cual existen tantos “elementos espinosos” que se prefiere no indagar al respecto, sobre todo porque hacerlo podría tener consecuencias políticas para quienes detentan el poder.

El problema con ello es que, de ser cierta la especie, tan sólo se estaría aportando nueva evidencia para consolidar la sospecha generalizada de que las autoridades gubernamentales coahuilenses han desplegado una estrategia de protección, a favor de funcionarios de la anterior administración, orientada a permitirles gozar de impunidad.

Cabría esperar que la PGJE disipe tales sospechas.