Ciudad de México .- Los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala acudieron a Congreso de la Unión en donde exigieron a legisladores se investigue a Tomás Zerón, Murillo Karam, Ángel Aguirre y funcionarios de la Policía Federal. Reclamaron un respaldo real al pueblo y las víctimas, y que dejen de proteger e insistir en la “verdad histórica. Durante la reunión, denunciaron que han tratado de comprarlos para callarlos y detener la búsqueda de lo que realmente pasó con los normalistas.

Este miércoles los padres y madres de los estudiantes de la escuela “Normal Rural Isidro Burgos” finalmente fueron recibidos en una reunión con los legisladores después de varios días de estar a las afueras del edificio, denunciaron durante sus intervenciones.

A dos años de los acontecimientos la versión oficial, cuestionada por el Grupo de Expertos GIEI y otros organismos internacionales, es que los jóvenes fueron detenidos por policías corruptos y entregados a miembros de Guerreros Unidos, quienes los asesinaron, incineraron en el basurero de Cocula y arrojaron sus restos a un río. Esta hipótesis es rotundamente rechazada por los padres.

La exigencia de los padres es que el Estado deje de utilizar dicha versión, llamada la “verdad histórica”, como línea de investigación y se enfoque en otras que den como resultado el esclarecimiento de lo que ocurrió ese 26 de septiembre de 2014 y con el paradero de los 41 normalistas que faltan.

Otra de las demandas es que abran  una investigación contra altos funcionarios como Tomás Zerón, Murillo Karam, Ángel Aguirre, Osorio Chong, Policía Federal, Ejército.

“Hasta hoy, a dos años el gobierno sigue ocultando la verdad, posiblemente porque haya algún alto funcionario metido hasta el fondo en este crimen cometido en  Iguala”, señaló Felipe de la Cruz.

Recientemente el Presidente Enrique Peña Nieto firmó 10 compromisos con los padres de familia y de dichos puntos ninguno se ha cumplido, delataron las víctimas.

Durante la reunión, diputados del PRI y PVEM reiteraron que la Procuraduría General de la Republica (PGR) continuaba con las investigaciones , además de resaltar que  ya había varias, cientos, de personas detenidas.

Por otra parte, las legisladoras Karina Padilla, y Aracely Gaytán, del PAN y Morena,  afirmaron que es necesario que se investigue los vínculos del crimen organizado con autoridades y que la Comisión de Derechos Humanos entreviste e investigue a los miembros del Ejército.

Melitón Ortega, uno de los padres, refutó el discurso de los más de cien de detenidos que ya tiene la PGR , puesto que ninguno está procesado por cargos de desaparición forzada, según señaló. Algunos de los detenidos ni siquiera están acusados directamente por el plagio de los estudiantes.

“Les queremos decir a los diputados que ya dejen de llevar ese mensaje de Peña Nieto, el basurero de Colula ya no existe para nosotros, quedó en el olvido. Exigimos que la investigciaon y el trabajo institucional del caso se enfoque a las nuevas lineas de investigación”, abundó Ortega.

Los estudiantes nunca dispararon desde el camión como mencionó una versión oficial de la PGR, recuerda el hombre.  “Cuanta mentira han sembrado al caso de Ayotzinapa por eso aquí estamos, para decirles la verdad”.

En el momento de la desaparición de los jóvenes en el municipio de Iguala, el ahora nuevo titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Omar Hamid García Harfuch,ejercía como coordinador estatal de Seguridad Regional de la Policía Federal en Guerrero, por lo que los padres también han pedido que también lo indaguen por su posibles  vínculos con el cártel Guerreros Unidos.

Felipe de la Cruz de la Cruz destacó que a dos años de los acontecimientos no hay ni un sólo avance. “es una falta de respeto que sigan pretendiendo vernos como si fuéramos tontos, que sigan protegiendo a los responsables […],no vemos un ápice de resultado que siquiera nos acerque un centímetro a saber el paradero de los jóvenes. […]” sostuvo.

Denunció falta de sensibilidad y atención de los legisladores señalando que se les ha cerrado las puertas de Congreso del Estado y que los políticos se acercan a ellos por intereses electorales e incluso dijo que han tratado de comprarlos; sin embargo no especificó quienes.

“Tenemos el derecho de estar en la Cámara del pleno, pero con dignidad, porque ese es nuestro derecho, son vidas las que estamos buscando, no estamos buscando puestos políticos, ni dinero, porque lo han ofrecido para callar a estos padres de familia” aseveró.

“Como ya viene el 2018 ahora sí todo mundo está con los padres de familia, ajá, pero nosotros queremos una sola cosa: saber donde están los jóvenes” apunta.

Cruz recordó que lo que quieren de los legisladores es que llamen a comparecer a los ex funcionarios y que permitan que el mecanismo de seguimiento trabaje sin obstáculos “y que no se le empiece a criminalizar como lo hicieron con el grupo de expertos independientes”