La sentencia de culpabilidad de Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Campos Flores, sobrinos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, por intentar introducir 800 kilos de cocaína a Estados Unidos en 2015, ha provocado que la oposición haya direccionado sus acusaciones contra el Gobierno por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Henrique Capriles Radonski, gobernador del Estado de Miranda y dos veces candidato presidencial, ha instado al mandatario venezolano a reaccionar ante el veredicto que culpa a sus parientes por tráfico de drogas. “El país está esperando, Nicolás Maduro, que des la cara sobre las denuncias en el juicio por narcotráfico, que portaban pasaportes diplomáticos (refiriéndose a los parientes del presidente de Venezuela)”, escribió este sábado en su cuenta de Twitter.

El viernes, el jurado de un tribunal de Nueva York declaró culpables a los sobrinos de la pareja presidencial venezolana, detenidos durante una operación de la DEA (agencia antidroga estadounidense) en Haití en noviembre de 2015, por estar inmersos en el tráfico de drogas. La sentencia ha avivado las sospechas de la oposición que, en diferentes oportunidades, ha denunciado los posibles nexos entre el narcotráfico y altos funcionarios del Gobierno. Julio Montoya, diputado de la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD), ha pedido al Parlamento abrir un debate sobre el caso, porque cree que se puede indagar en algunas evidencias expuestas en el proceso judicial contra Franqui Francisco Flores y Efraín Campos Flores. “La pluralidad de indicios es abrumadora”, dijo.

Cuando los sobrinos de Maduro fueron arrestados tenían pasaportes diplomáticos. En el juicio, el equipo del fiscal Preet Bharara no descartaba que el dinero procedente del narcotráfico podía tener fines políticos, pues el Gobierno venezolano necesitaba efectivo para neutralizar la campaña de Estados Unidos en respaldo a la oposición frente a las elecciones parlamentarias celebradas en diciembre del año pasado. En julio, ambos acusados admitieron que sostenían negocios con las FARC.

Mientras el escandalo salpica al Gobierno, la pareja Maduro y Flores ha permanecido en silencio. Ninguno de los jerarcas del oficialismo se ha referido a la condena de los sobrinos de la primera dama de venezolana.

Cilia Flores, quien además es diputada de la Asamblea Nacional, había señalado en enero que la agencia antidrogas estadounidense estuvo en Venezuela. “La DEA cometió delitos de secuestro que, en todo caso, la defensa se encargará de probar… Tenemos elementos, tenemos las fotos de quiénes fueron los funcionarios de la DEA que incurrieron en el delito aquí, en Venezuela, en este caso que es de secuestro y de venganza”, declaró entonces al diario TalCual. De ahí en adelante se han omitido pronunciamientos en públicos del alto Gobierno sobre el arresto de los sobrinos Flores.

En Estados Unidos siguen el pulso a los presuntos nexos de figuras del chavismo con carteles de drogas. Al menos, doce funcionarios son averiguados por sus presuntos vínculos con el tráfico de estupefacientes. El Departamento de Justicia imputó en agosto por narcotráfico al mayor general Néstor Reverol, una ficha del oficialismo, y Edyberto Molina, exdirector de la agencia contra la droga.

No obstante, la acusación valió un reconocimiento del Gobierno venezolano. Maduro designó como ministro de Interior, Justicia y Paz, a Reverol tras conocer que era investigado.