BOGOTÁ.- La oposición colombiana comenzó ayer a analizar el nuevo acuerdo de paz que firmaron el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, antes de decidir si apoya o sugiere cambios al texto publicado después de varios ajustes a un pacto inicial que fue rechazado en un plebiscito.

El nuevo acuerdo tiene leves cambios. Hace precisiones sobre los derechos de la propiedad privada, un tribunal especial de justicia y los sitios de confinación en los que los rebeldes deben cumplir sus penas privativas de la libertad de entre 5 y 8 años por los crímenes cometidos durante el conflicto armado de más de 52 años.

Además, incluye aclaraciones sobre la lucha contra el narcotráfico, obliga a la guerrilla a entregar todos sus bienes para indemnizar a las víctimas y establece que la implementación de los acuerdos se hará sin poner en riesgo la estabilidad fiscal del País.

Santos y las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que han mantenido conversaciones en La Habana durante cuatro años, dijeron que el nuevo pacto incorporó propuestas de la oposición, líderes religiosos y otros sectores que rechazaron el acuerdo inicial en una consulta a comienzos de octubre.

Sin embargo, los líderes de la guerrilla aún podrán ser elegidos en cargos públicos y el partido político que surja de las FARC tendrá 10 escaños en el Congreso durante dos periodos, aunque no alcancen los votos necesarios, lo que podría causar el rechazo de la oposición liderada por el expresidente Álvaro Uribe que criticó esos puntos del acuerdo inicial.

“Nosotros en el Centro Democrático hemos dicho que no nos vamos a pronunciar sobre el nuevo acuerdo anunciado desde La Habana hasta no conocer cómo está redactado”, dijo Óscar Iván Zuluaga, uno de los dirigentes del partido político que lidera Uribe.

Santos, ganador del Premio Nobel de la Paz el mes pasado, por sus esfuerzos por poner fin al conflicto armado que ha dejado más de 220 mil muertos y millones de desplazados, espera con el nuevo acuerdo unir a una nación dividida después de que el proceso de paz quedó en peligro por su rechazo en el plebiscito.

“Estamos convencidos de que (...) los cambios, precisiones y ajustes del nuevo acuerdo lo fortalecen y responden a las inquietudes y sugerencias hechas por diferentes sectores de la sociedad, preservando a la vez las reformas y transformaciones contenidas en el acuerdo del 26 de septiembre, que son la base de una paz estable y duradera”, dijo un comunicado del Gobierno y las FARC.

Santos no está obligado a convocar a un nuevo plebiscito y podría ratificar el nuevo acuerdo a través del Congreso, pero corre el riesgo de enfrentar las voces en contra de la oposición si esta no se declara satisfecha con los ajustes y cambios.