Saltillo.- Cinco años han pasado desde que la Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó hizo públicas las irregularidades y prometió denunciar a los responsables del desastre financiero en el Estado de Coahuila... y lo único cierto es que haber hipotecado a generaciones de ciudadanos sigue en la impunidad.

Y aunque dos de los principales responsables, Javier Villarreal Hernández y Jorge Torres López, afrontan las acusaciones por irregularidades en el manejo del dinero de los coahuileneses, no son las autoridades de nuestro estado quienes los tienen en problemas: en el caso de Villarreal fue Texas donde se le inició el proceso, y el caso de Torres López es considerado prófugo de la justicia de Estados Unidos.

Lo que sí parece ser cada vez más claro, es que el desorden financiero advertido desde 2011 era un mensaje no escuchado por las autoridades locales sobre dos de los escándalos más grandes en los últimos años: la megadeuda (parte contratada ilegalmente) y las empresas fantasmas.

Esto confirma que el Auditor tenía razón en sus señalamientos, lo inexplicable es que su compromiso por denunciar a los responsables haya quedado sólo en declaraciones luego de que la administración de Humberto Moreira Valdés presentó hasta dos cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal del 2010, cuando sucedió el tsunami que arrasó cualquier orden administrativo o contable.

A pesar de que en la cuenta pública del 2010, la ASE observó desviaciones presupuestales desorbitadas y la contratación de deuda pública ilegal, es fecha que no se ha podido lograr que ninguno de los funcionarios sea llamado para juicio.

En noviembre de 2011 el auditor superior de Coahuila, Armando Plata, dio a conocer que las irregularidades serían denunciadas “ante las autoridades correspondientes, con la finalidad de que se realicen las investigaciones respectivas para que se deslinden las responsabilidades y se ejerciten las acciones en contra del presunto o presuntos responsables”.

Cabe recordar que unos meses antes de dejar la administración al gobernador interino Jorge Torres López (3 de enero del 2011), Humberto Moreira señaló en su quinto informe en noviembre de 2010 que los gastos acumulados hasta septiembre de ese año eran de 21 mil 218 millones de pesos, equivalentes al 71.4 por ciento del presupuesto autorizado por el Congreso del Estado (29 mil 711.856 millones de pesos). Es decir, el Estado disponía del 28.6 por ciento del presupuesto de gasto total para el último trimestre del 2010. 
 
Sin embargo, la cuenta pública enviada en enero del 2011 reportó un estado de origen y aplicación de recursos por un monto total de 40 mil 051.687 millones de pesos. Más aún, en el 30 de septiembre del 2011, es decir, con ocho meses de posterioridad a la fecha dispuesta en la Constitución de Coahuila, una segunda versión de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2010, fue enviada al Congreso con cifras modificadas.

El estado de origen y aplicación de recursos de la segunda versión de la cuenta pública ascendió a 50 mil 238.4 millones de pesos, 20 mil 526.5 millones de pesos más que los autorizados por el Congreso en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el 2010. 

IRREGULARIDADES SIN CASTIGO

En 2011 el Estado envió al Congreso dos versiones de la cuenta pública 2010, una en enero y otra septiembre:

- En la primera se reportó un estado de origen y aplicación de recursos por un monto total de 40 mmdp.
- En la segunda ascendió a 50 mmdp, casi un 70% más de lo autorizado en el presupuesto de egresos 2010 (29 mmdp).
- En su quinto informe Humberto Moreira presumió gastos (a sep. 2010) por 21 mmdp.
- Es decir, en el último trimestre de ese año se habrían gastado casi 31 mmdp. 

De la revisión de la deuda pública realizada por la ASE, se desprende: 

> Al 30 de septiembre 2011, el Estado había solicitado créditos por 35 mmdp.
> El grueso de la deuda se contrató en el 2010 (20 mil 778.5 millones) y el 2011 (7 mil 356).
> Los créditos de largo plazo sin autorización del Congreso ascendieron a 18 mmdp. 
> Humberto Moreira estuvo al frente del Gobierno de Coahuila hasta el día 3 de enero del 2011.