CIUDAD DE MÉXICO.- En la Procuraduría General de la República (PGR) hay casos pendientes, algunos que no han sido resueltos, hubo poco avance o las conclusiones han sido rechazadas por las víctimas.

Casos como los de Iguala, Tlatlaya, Nochixtlán y Tanhuato, en los que hay graves señalamientos de violaciones a los derechos humanos o las recientes acusaciones de corrupción contra al menos cuatro gobernadores, cuyo paradero se desconoce aun cuando ya se libraron órdenes de aprehensión en dos casos, caracterizan el trabajo que falta por hacer en la PGR.

A falta de ser ratificado por el Senado, Raúl Cervantes se convertirá en el nuevo procurador de la República.

Mire usted este recuento de los pendientes que encontrará:

1.- Iguala. 

Aunque los hechos que derivaron en la muerte de varias personas y la desaparición de 43 jóvenes normalistas de la escuela Isidro Burgos de Ayotzinapa ocurrieron durante la etapa de Jesús Murillo Karam, padres y familiares de las víctimas rechazan la “verdad histórica” que sobre los acontecimientos ha sostenido la dependencia.

A partir de los hechos ocurridos los 26 y 27 de septiembre de 2014, han sido detenidas al menos 130 personas, el último fue el jefe de la policía de Iguala, Felipe Flores Velázquez, ocurrido la semana pasada, padres de los normalistas rechazan la versión oficial de que los jóvenes fueron víctima del crimen organizado coludido por autoridades municipales de Iguala.

En su última comparecencia ante el Senado, la propia Arely Gómez indicó que el caso sigue abierto; habría un relanzamiento de la búsqueda de los jóvenes y defendió que se trata de una de las investigaciones más exhaustivas en la historia de procuración de justicia del país.

2.- Tlatlaya.

Luego de que un juez castrense exculpara a los militares acusados de asesinar a 22 civiles que se habían rendido durante un operativo ocurrido el 30 de junio de 2014, organizaciones sociales acusaron impunidad en este caso.

A más de dos años de los hechos, la Procuraduría informó que mantiene abierta una investigación por violaciones graves a derechos humanos pero no se ha procedido contra ninguno de los señalados, aún cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que los militares incurrieron en una ejecución sumaria, toda vez que las personas muertas ya se habían rendido.

3.- Nochixtlán.

A más de cuatro meses de que al menos ocho personas murieran en un enfrentamiento entre integrantes y simpatizantes de a CNTE contra la Policía Federal, la PGR no ha podido entrar a esta población de Oaxaca para llevar a cabo las indagatorias y poder determinar qué sucedió el 19 de junio de este año.

4.- Tanhuato.

Sobre este caso en el que murieron 43 personas durante un enfrentamiento en Michoacán, la PGR aún no ha rendido algún informe final, pese a que este caso abrió un frente de confrontación entre la Policía Federal que defiende el actuar de sus integrantes y de la CNDH, que documentó que al menos se registraron 22 ejecuciones arbitrarias.

5.- Tras la pista de gobernadores.

A raíz de la derrota del PRI en Veracruz, en junio pasado, y del final del gobierno del panista Guillermo Padrés, en Sonora, en junio de 2015, la PGR ha tenido la misión de investigar acusaciones de corrupción contra los ex gobernadores de esas entidades sin que hasta el momento se haya podido fincar responsabilidad alguna.

En estos casos, la PGR obtuvo órdenes de aprehensión por diversos delitos, aunque ambos ex mandatarios continúan en calidad de prófugos de la justicia y se emitió la alerta internacional para su detención.