En el Poder Legislativo existe un ritual que se ejecuta con milimétrica puntualidad cada año: la pronunciación del discurso según el cual no se autorizará la creación de nuevos impuestos a los municipios de la entidad ni se permitirá el incremento de los ya existentes, “con excepción de los ajustes correspondientes a la inflación”.

La repetición del discurso cada año convoca necesariamente a cuestionar para qué se solicita a los ayuntamientos de la entidad la elaboración de una propuesta de Ley de Ingresos –que debe ser, al menos en teoría, dictaminada y discutida– si la perspectiva con la cual se llevará a cabo tal proceso es una de carácter dogmático.

Por otro lado, la advertencia que anualmente realizan nuestros representantes populares –en esta ocasión en voz del coordinador de la Comisión de Finanzas, Antonio Nerio Maltos– no impide las pifias legislativas, como la ocurrida apenas el año pasado, en el municipio de San Buenaventura, en cuya iniciativa a los legisladores “se les pasó” un incremento importante en los impuestos y la tarifa de agua potable que derivó en manifestaciones y la toma de la Presidencia Municipal.

Si los municipios tienen el derecho –y la obligación– de realizar una propuesta legislativa, lo deseable –o, al menos, lo serio– sería que ésta se discutiera a partir de sus méritos y no del capricho legislativo.

Y es que no puede calificarse más que de capricho el que, antes de conocer siquiera los planteamientos de los ayuntamientos, en el Congreso se establezcan condiciones que, en los hechos, implican despreciar la representatividad de los cabildos.

Ciertamente en el caso de muchos municipios, el tamaño de su hacienda no es significativo y para esos casos incluso podría existir una ley modelo que sólo se revise en aquello que eventualmente se pretenda modificar.

Pero la mayor parte de la población de Coahuila vive en municipios cuya administración implica un grado de complejidad mucho mayor, pues las necesidades que sus cuerpos administrativos deben atender son amplias y contienen especificidades que demandan, en no pocos casos, del diseño de políticas públicas particulares.

Pero si desde la perspectiva del Poder Legislativo ya todo está dicho en materia de tributación municipal, sería mejor que se legislara para eliminar el proceso de elaboración anual de la propuesta de Ley de Ingresos de los municipios y que desde la tribuna parlamentaria se decidan los gravámenes a los cuales se encontrarán sujetos los ciudadanos.

Porque al establecer una “camisa de fuerza” que impide crear nuevos impuestos –por decreto– o modificar las tasas de los ya existentes, el ejercicio de remitir una iniciativa se convierte en una pérdida de tiempo para todo mundo y, lo que resulta aún peor, en oportunidad para que se cometan pifias como la de San Buenaventura.