Disculpen la personalización, pero comenzaré con una breve anécdota. 

Sucedió hace un par de meses, en el aeropuerto de la Ciudad de México. Entrando a un vuelo con destino a Monterrey me encontré con una vieja amistad, de ésas de tiempos universitarios con las que no se mantiene comunicación.  En la fila, me puso al día: acababa de recibir nombramiento de bastante buena jerarquía en alguna Secretaría Federal.

Muchas felicidades y tal, cumplí, lo que corresponde; un gran reto sin duda, le dije. Luego me confesó lo que llamó el secreto de su éxito (mismo que entendía como su paso de la burocracia estatal a la federal): “no leer periódicos, para no amargarte el día y traer todo el ánimo”.

Imposible saber si sus palabras son o no representativas de la clase gubernamental. Resulta, al menos y por su dicho, la práctica de esta persona y su “padrino” político y mentor, quien ahora despacha votando leyes y soñando con la gubernatura. 

¿Será que la clase gobernante no lee los periódicos? Así parece. ¿De qué otra manera podrían dormir sabiendo cómo están las cosas, cómo las denuncias sociales se acumulan?

Digo, imagino que están al día con el chisme electoral publicado y las notas que pagan, pero más allá de eso, nada. No por lo que uno les ve, al menos. 

A cuenta todo esto por un tema en el que he insistido en cuatro o cinco ocasiones ya. Una vez cada año, por estas fechas. Ni hablar, va de nuevo. 

Por estos días, en la orden del día del Congreso del Estado, tendría que estarse agendando el conocimiento y, en su caso, aprobación de la primera evaluación de indicadores de servicios y gestión en materia de desarrollo social. Es, de acuerdo con la norma en la materia, un momento clave en el proceso que justifica los millones de pesos que se van a sectores vulnerables. 

¿El asunto? Que nunca se ha hecho. 

Como que tampoco leen la Ley. Como que nadie pierde el sueño por esto.

En Coahuila, desde hace unos 10 años, el proceso relacionado con el desarrollo social requiere la aprobación del Congreso en varias etapas. Por una parte, aprobando los lineamientos y criterios para la identificación, definición, y medición de la pobreza; después, una vez realizada una evaluación al noveno mes del año, aprobándola y publicándola en el Periódico Oficial; finalmente, al cierre del año, para los mismos efectos.

En estricto apego de la norma, sin lineamientos para definir, identificar y medir la pobreza no debiera haber política social. Sin las evaluaciones, no habría forma de hacer el presupuesto para el próximo año. Pero es sólo lo que dice la Ley… ¿y a quién le importa?

El asunto es evidencia clara de lo que sucede cuando tenemos leyes de primera en contextos de quinta. La norma no crea realidades. La norma se incumple y vive para recordarnos que mucho de las leyes es accesorio, ocurrencias sin consecuencias se observen o no. 

En honor a la verdad, sostengo que el Congreso de Coahuila no tendría capacidad para hacer lo que la Ley manda. Nunca la ha tenido. Por eso, pasarla por alto ha sido tan sencillo.

Pero ni se observa ni se reforma. Subsiste incumpliéndose.

Y no por falta de señalamiento. Ésta es la cuarta o quinta vez que vuelvo al tema. Pero ¿quién lee los periódicos más allá del chisme electoral? Ellos no se amargan el día, andarán con todo el ánimo.

@victorspena