Uno de los derechos de los que suele discutirse poco en el espacio público, acaso porque en la era de la conectividad y la transmisión de todo “en tiempo real” pareciera una entelequia, es el derecho a la intimidad. Sin embargo, se trata de uno de los derecho más importantes de las personas que viven —o aspiran a vivir— en una democracia.

Tener la posibilidad de un espacio privado, en el cual se encuentran aquellos elementos de la vida personal que guardamos sólo para nosotros, constituye un derecho individual que no solamente debe ser respetado por el resto de nuestros conciudadanos, sino que el Estado debe ocuparse de construir los resguardos necesarios para garantizar tal derecho.

Pero el Estado, a través de sus instituciones, no solamente está obligado a garantizar las condiciones necesarias para que todos podamos gozar de privacidad en aquello que decidamos mantener bajo reserva: también debe abstenerse de incurrir en cualquier conducta que implique invadir el espacio de nuestra intimidad.

Y es que en este caso estamos hablando de uno de esos derechos en torno de los cuales el Gobierno tiene, por igual, deberes de los que se llaman “activos”, los cuales implican hacer cosas, ejecutar acciones, y también obligaciones de las denominadas “pasivas”, que imponen el deber de abstenerse de hacer aquello que implicaría una violación al derecho.

Ambas obligaciones son relevantes y ambas deben ser cumplidas puntualmente por quienes tienen a su cargo las instituciones públicas.

Pero las obligaciones pasivas, al menos en este caso, tienen un peso particular.

En este caso, abstenerse de invadir indebidamente la privacidad de las personas constituye una obligación con implicaciones mayores debido a la disponibilidad de recursos que el Gobierno tiene para perpetrar actos en este sentido sin que nosotros lo sepamos o lo sospechemos siquiera.

Un buen ejemplo de ello es el reporte que publicamos en esta edición, relativo al señalamiento realizado por el empresario y presunto aspirante al Gobierno de Coahuila, Armando Guadiana Tijerina, en el sentido de que la adquisición, por parte del Gobierno de Coahuila, de un equipo para la “intervención y localización de móviles”, tiene como propósito “espiar a los ciudadanos”.

¿En realidad, como se ha señalado, el Gobierno de nuestra entidad invirtió casi 17 millones de pesos en la adquisición de una tecnología que sirve para espiar las conversaciones de las personas con móviles políticos?

Si la respuesta a dicha interrogante es positiva nos encontraríamos ante un caso que demanda aclaraciones por parte del Gobierno Estatal, pues la intromisión en la vida privada de los ciudadanos no se encuentra en las facultades que el poder público puede arrogarse para sí.

La adquisición de la citada tecnología, por parte de la administración estatal requiere que los ciudadanos sepamos de su existencia y que estemos absolutamente al tanto de las reglas bajo las cuales eventualmente sería operado el equipo, de tal suerte que el Estado cumpla con sus obligaciones en términos del respeto a nuestra intimidad.