Los testimonios de las familias que han sido arrancadas de sus lugares de origen dejan sentir su miedo y tristeza, mientras la vulnerabilidad en la que se encuentran parece ser invisible para las autoridades: “Lo tuvimos que dejar todo, así, nada más, de repente, la casa, la gente, los animales… y al abuelo”, relata una adolescente en el informe de la CNDH.

La Agencia de la ONU para Refugiados informó que en 2015 se registraron 65.3 millones de personas refugiadas o desplazadas. Al escuchar estas noticias pensamos en grandes conflictos armados: Siria, África y hasta Colombia, y no imaginamos a miles de mexicanos viviendo esta situación.

Sufren el desarraigo, la carencia de un hogar seguro y de elemental alimentación y acceso a atención médica, padecen para reinsertarse en el mercado laboral y educativo, subsisten desprovistos de protección física y jurídica, y sufren continuas violaciones a sus derechos humanos.

Las cifras varían entre los escasos estudios al respecto. El Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado de la CNDH reconoce 35 mil 433 víctimas referenciadas por terceros.

En el Informe Global sobre el Desplazamiento Interno 2016 del Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno de Noruega se señala que son 287 mil las personas que abandonaron sus lugares de origen entre 2011 y 2015.

El desplazamiento forzado interno (DFI) en México no es una problemática reciente; desde 2002, el representante del secretario general de la ONU para los Desplazados, Francis Deng, destacó la necesidad de contar con estadísticas oficiales; 14 años después, el registro oficial no existe y no se han alcanzado consensos suficientes para contar con una ley nacional.

Para marzo de 2004, durante la respuesta del gobierno mexicano al informe del relator Rodolfo Stavenhagen, se reconocieron como causas del desplazamiento forzado, los conflictos armados y religiosos, la construcción de obras de infraestructura y los desastres naturales.

Entonces, la autoridad se comprometió a crear un Grupo de Trabajo sobre Desplazados Internos coordinado por la Unidad de Derechos Humanos de Gobernación y siete secretarías de Estado; se contempló elaborar un marco jurídico e instrumentar un Programa Nacional de Documentación sobre DFI.

12 años después, el Gobierno sigue incumpliendo: de acuerdo con información solicitada por la CNDH a Gobernación, ésta no cuenta con datos sobre el grupo de trabajo. “Más sorprendente aún, la Segob señaló no contar con un diagnóstico sobre la dimensión y características del DFI, ni un plan específico para la atención y auxilio en situaciones de emergencia”, se lee en el informe de la CNDH.

La falta de reconocimiento del problema, un diagnóstico real y voluntad política para legislarlo y desarrollar políticas públicas adecuadas, mantiene en la invisibilidad a miles de víctimas de DFI. El tema y el sufrimiento de cada desplazado se han ignorado.

Algunos funcionarios gubernamentales se niegan a aceptar el DFI porque se le asocia con la narrativa de conflictos armados y violencia; ignoran que si bien ésta es una causa importante, no es la única.

La cruda realidad en la que se encuentran miles de personas desplazadas debiera obligar a una inmediata legislación (sólo Oaxaca, Chiapas y Guerrero han contemplado esta problemática en su marco normativo), a sancionar a quienes fuerzan a otras personas a dejar sus hogares y a contar con políticas de atención y resarcimiento a las víctimas, así como la definición de responsabilidades para cada nivel de Gobierno.

¿Cuántas personas desplazadas deben sufrir en México para que reconozcamos y atendamos esta situación? ¿Cuánto tiempo deben esperar los miles de desplazados para encontrar empatía y voluntad en la clase política?