La senadora Silvia Garza Galván solicitó convocar a una reunión de trabajo a los integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) con la Comisión de Derechos Humanos del Senado, para conocer el uso y destino del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de Víctimas y la forma de implementar mecanismos más eficientes para acceder al mismo.
 
Al presentar un punto de acuerdo en la tribuna del Senado, recordó el artículo 20 de la Constitución reconoce el derecho de las víctimas de algún delito a recibir protección, así como la atención necesaria para garantizar su integridad física, piscológica y reparación del daño.
 
En ese sentido, la también secretaría de la Comisión de Derechos Humanos destacó que dicho Fondo reporta, al 31 de julio de 2016, un saldo de mil 480 millones de pesos, resultado de ingresos por mil 564 millones de pesos y egresos por 84.2 millones de pesos, de los cuáles únicamente se han utilizado 80.2 millones para reparación integral o reembolso de ayudas inmediatas a 284 víctimas directas o indirectas de un delito.

Señaló que el país pasa por un momento en el que el crimen organizado ha encontrado espacios para expandirse, siendo el narcotráfico la actividad más notable; entre sus múltiples efectos en la sociedad son los numerosos niños y adolescentes huérfanos que deja a su paso.
 
“México no presenta datos sistemáticos oficiales sobre el número total de niños y adolescentes huérfanos, pese a que la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes indica que debe haber un sistema de información nacional, para contar con datos que permitan monitorear la situación de ese sector poblacional. Es por esto que nos preguntamos ¿Qué es lo que está pasando con las cifras de niños huérfanos a causa del narcotráfico? ¿Qué apoyo se encuentran recibiendo?”, asentó.

Ante esta falata de información, subrayó, que es urgente contar con una reunión de trabajo con la CEAV a efecto de conocer la situación en que se encuentra el apoyo a las víctimas directas e indirectas de la guerra contra el narcotráfico.
 
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Derechos Humanos para su análisis y dictaminación.