Por : Édgar González
Fotos: Luis Salcedo

Los notarios de Coahuila viven en una contradicción: por una parte la fe pública de la que fueron dotados es para dar al ciudadano certeza jurídica en su actos y sus bienes, sin embargo, la Ley que los rige, la cual data de 1979, los tiene en el más profundo atraso jurídico a nivel nacional.

La Ley del Notariado de Coahuila es la más antigua en México, y fue publicada en el Periódico Oficial el 6 de febrero de 1979 por el entonces gobernador Óscar Flores Tapia.

Desde entonces ninguna de sus reformas ha sido sustancial, ninguna de sus modificaciones hechas por las diferentes legislaturas ha incluido las voces de los notarios, quienes han pedido desde la modernización de los sistemas para registro, hasta la capacitación y exámenes de oposición obligatorios para quienes aspiren a un fíat.

LEY A LA ANTIGÜITA

La Ley del Notariado de 1979 adolece de aranceles para fijar los precios de cobro de un servicio del notario público, de fijar rigurosas prácticas para quienes aspiren a ser notarios y que presenten exámenes de conocimientos, además de que el Gobernador en turno pueda hacer dispensas de requisitos que sólo ponen en duda la capacidad de los aspirantes para desempeñar la función del notario.

“Es una Ley obsoleta que ya no funciona. Tenemos años pidiendo una innovación, una nueva Ley, que esté ad hoc con las existentes. En Jalisco, por ejemplo, ya está autorizado el Protocolo Electrónico, que nosotros lo solicitamos hace 10 años porque era vanguardista”, dice.

“Pero ahí se quedó, por falta de interés político, esas cosas a nadie les interesan y ahí se van quedando. Los beneficios eran usar menos papel, utilizar la tecnología…pero bueno. Todo es falta de interés”, lamenta.

En Coahuila la organización de los notarios prácticamente comenzó en 1979 con la designación de números a las notarías y con la creación de un Colegio de Notarios, pero desde entonces no se ha avanzado, e incluso la Ley habla de un Reglamento que nunca se expidió.

En Coahuila existen ocho distritos notariales: Viesca, San Pedro, Saltillo, Sabinas, Río Grande (Región Norte), Parras, Monclova y Acuña que deberán tener un Colegio de Notarios. Sin embargo, la representación estatal estará a cargo del Colegio de Notarios de Saltillo con decisiones colegiadas.
En este aspecto los notarios también han pedido reformas para que, como en el caso de Tamaulipas, la dirigencia estatal sea rotatoria y cada año pase a una región, pero tampoco han encontrado eco.

Notarios, en el ojo del huracán

El Colegio de Notarios en Coahuila tiene a su cargo la defensa de sus integrantes, pero puede sancionarlos, de tal manera que cuando existe alguna irregularidad de algún fedatario, ésta deberá hacerse del conocimiento de la Dirección de Notarías, dependiente de la Secretaría de Gobierno.

“En la misma reforma que hemos solicitado queremos que exista la valoración de poner un Código de Ética, nombrar un Consejo de Honor y Justicia para llamar a cuentas al notario por prácticas inusuales o no permitidas y después sancionarlo, antes que cualquier otra autoridad”, explica Armando Prado.

Vinculados con la delncuencia organizada

Los notarios públicos, de acuerdo con jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no son considerados como funcionarios públicos porque no perciben ningún salario de alguna autoridad.

Por esta situación legal, en la cual los notarios no son considerados funcionarios públicos, también es que existen desacuerdos en el acatamiento de la Ley de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de parte de los notarios; actualmente hay dos notarios amparados contra las disposiciones de la legislación en materia de transparencia.

Los notarios públicos de Coahuila, en los últimos años han estado en el ojo del huracán, algunos fueron vinculados con la delincuencia organizada, otros obligados a participar en actos de despojo y unos más acusados de corrupción para manipular junto con empleados del Gobierno Estatal, el funcionamiento del Registro Público de la Propiedad.

Inicialmente se habló de hasta 53 notarios públicos investigados por presuntos actos de corrupción en contubernio con empleados del Registro Público de la Propiedad en Saltillo, pero la autoridad finalmente terminó por señalar sólo a 3 cuyos nombres no fueron revelados.

El resto de las observaciones a notarios se derivaron de visitas de inspección realizadas por la Dirección de Notarios mediante las cuales encontraron fallas en los protocolos, que finalmente se consideran como faltas administrativas.

Apenas en el mes de abril de este año la Secretaría de Gobierno de Coahuila dio a conocer el retiro del fíat a varios notarios de Coahuila por incurrir en presuntos ilícitos.

Alejo Emanuel Saucedo, de Piedras Negras; Jesús María Flores Farías, también de Piedras Negras; José Luis Treviño Martínez, de Saltillo, y Abid Name Saade, de Sabinas son los abogados que perdieron el fíat notarial, sin embargo, algunos se encuentran en proceso de amparo en contra de la resolución, la cual también debido a la débil legislación existente podrían regresar a su notaría.

El Colegio de Notarios no tiene una cifra precisa y oficial del número de notarios, de los notarios que están en funciones, de los notarios que tienen licencia y tampoco de las direcciones exactas de todos y cada uno de los notarios.

HAY NOTARIOS DE MEMBRETE

Estiman que hay 260 notarios en la entidad, pero la Dirección de Notarias de Coahuila, no obstante que tiene la versión pública de las direcciones de los notarios, no están actualizadas, ni tampoco se indica quiénes cuentan con fíat y están sin ejercer.

El Colegio de Notarios solicitó a la Dirección de Notarías recientemente un plano geo referenciado de las direcciones de los notarios y no lo tienen, pero tampoco hay un directorio actualizado con correos electrónicos y teléfonos.

También se estima que hay alrededor de 40 personas con fíat sin ejercer porque tienen una licencia, muchas de ellas por la incompatibilidad de las funciones que desempeñan, porque algunos son funcionarios públicos tienen cargos de elección popular o simplemente se dedican a negocios propios.

De acuerdo con Armando Prado la legislación contempla una multa de 100 mil pesos para quienes no abran sus notarías, pero esto nunca se ha cumplido porque la mayoría son funcionarios públicos y no se actúa en ese sentido.

Además, cada fíat costaría alrededor de 700 mil pesos después de haber sido otorgado por el Congreso del Estado a propuesta del titular del Poder Ejecutivo.

También se estima que hay alrededor de un notario por cada 8 mil habitantes cuando el promedio es de uno por cada 20 mil habitantes en una entidad.

Armando Prado ha estado al frente del Colegio de Notarios de Coahuila en los últimos 20 años, pero cuenta que ahora sólo los fedatarios “aclientelados” pueden sobrevivir, porque la profesión ya no da para más.

NOTARÍAS SON
PREMIOS DEL SEXENIO

“Mientras sigan dando los gobernadores —y lo digo porque es una práctica común en todo el país—, dándole premios a sus compañeros de partido y a su gabinete, todo seguirá igual”, advierte Prado.

La práctica está a punto de la extinción, de acuerdo con Prado Delgado, porque ya en Veracruz existe el antecedente de que los notarios se ampararon ante la designación de nuevos notarios sin cumplir los requisitos de experiencia y con examen de oposición, lo mismo sucedió en Quintana Roo y Michoacán, están parcialmente amparados.

¿Por qué entonces no se ha hecho en Coahuila? Porque quien queda en estado de indefensión son los ciudadanos. La autoridad dará su resultado cuando los notarios están ejerciendo y algún ciudadano podría haber hecho un trámite con un notario a quien le retiren el fíat por el amparo al que recurran el resto.

“Esta profesión ya no es la misma en el sentido de la ganancia. Si bien podemos estar de acuerdo en el otorgamiento de fíats, mejor que hagan un arancel donde se promueva la oferta y la demanda”, propone.

La Ley del Notariado tiene su última reforma en agosto de 2016, sin embargo, sólo se cambió parte de un artículo.