El “escándalo” suscitado en torno a la tesis de licenciatura del presidente Enrique Peña Nieto y la forma en la cual fue cerrada la discusión evidencia bien las razones por las cuales somos incapaces de enfrentar con eficacia nuestros rezagos y, menos aún, de revertirlos.

Como todo mundo sabe a estas alturas, la Universidad Panamericana decidió hacer frente al hecho de contar entre sus egresados distinguidos a un plagiario y ordenó la realización de una investigación para, a partir de sus resultados, fijar una postura oficial. Una reacción adecuada, sin duda.

El resultado de la investigación fue revelado el 28 de agosto pasado a través de un comunicado en el cual, contrario a las apuestas seguramente cruzadas por muchos, la casa de estudios fue puntual e informó haber encontrado “ideas ajenas no citadas” (por cualquier razón decidieron no usar la palabra “plagio”) en el texto con el cual el titular del Ejecutivo Federal compareció ante un jurado académico, en 1991, para obtener su título de grado.

Tras reconocer la existencia de una falta, la Panamericana procedió a emitir un veredicto y éste, en la parte sustantiva estableció lo siguiente: “Estamos frente a un acto consumado sobre el que es imposible proceder en ningún sentido”.

El razonamiento jurídico de la institución es impecable: ha transcurrido un cuarto de siglo desde la comisión de la falta y ello vuelve imposible –sin incurrir en excesos peligrosos– pretender el castigo formal de un hecho sin duda irregular.

La gradería deseosa siempre de sacrificios humanos no ha tardado ni un nano segundo en poner el grito en el cielo… ¿Cómo es posible?, se preguntan mientras se estiran los cabellos… ¡Pero si deberían destituirlo de la Presidencia por una falta así!
Pues no… Al menos no desde la perspectiva estrictamente jurídica, pues el plagio, si bien es una conducta condenable, no es un crimen de lesa humanidad como para considerarlo imprescriptible.

En casos como éste se actualiza una de las hipótesis más provocadoras del mundo jurídico: es perfectamente posible violar la ley, ser descubierto en la falta y no recibir castigo alguno por ello, porque jurídicamente es indeseable –sí: indeseable– someter al infractor a un procedimiento sancionador.

A muchos –no especialistas en Derecho– la afirmación anterior les provocará todo tipo de alergias y reacciones desagradables pues les resultará difícil concebir una situación en la cual un infractor, tras haberse demostrado la violación normativa cometida, pueda permanecer en la impunidad.

Pero ciertamente no habría sido jurídicamente válido intentar la apertura de un caso en la Universidad Panamericana y la imposición de una sanción al exalumno Enrique Peña Nieto. Ni siquiera –para completar el cuadro de la provocación– habría sido deseable.

La explicación técnica es más o menos compleja y como ésta no es una clase de Derecho, intentaré aclarar el asunto con un ejemplo sencillo: si usted dejó de pagar el impuesto predial de su casa (o la tenencia de su auto) correspondiente al año 2011 y la autoridad municipal (o la estatal en el caso de la tenencia) no ha intentado ninguna acción legal para cobrarle desde entonces, puede dormir tranquilo: ya no está obligado a pagar.

Pero eso no ocurre porque la omisión en la cual incurrió deje de ser una falta o porque se actualice una suerte de “perdón” transcurrido cierto tiempo. Ocurre por una razón “mejor” en términos del diseño institucional: el poder punitivo del Estado tiene fecha de caducidad.

En otras palabras: en una sociedad democrática, en la cual la justicia es impartida por las instituciones públicas de forma exclusiva, los ciudadanos no pueden estar eternamente a disposición de las mismas para responder por sus eventuales faltas, sino solamente durante un período prudente. Para el caso de los impuestos (un asunto importante, sin duda) se considera prudente mantener sujeto al contribuyente solamente por un lustro.

–¿Entonces el asunto no es portarse bien y respetar la ley sino, sólo asegurarse de no ser cachado? –preguntará el lector con vocación de cínico.

No, por supuesto. Lo deseable es pugnar por una sociedad integrada por individuos comprometidos con la cultura de la legalidad a quienes quede claro el riesgo en el cual incurre una comunidad cuyos miembros se dedican a burlar sistemáticamente las reglas y las autoridades renuncian vergonzantemente a la responsabilidad de hacerlas cumplir.

En la búsqueda del equilibrio entre ambos extremos será muy útil, por parte de la comunidad, adoptar una cultura de condena, sin fisuras, para conductas indeseables como el plagio.

Si todos asumimos con seriedad la responsabilidad de hacer nuestra parte en el proceso de erradicar las conductas indeseables, censurándolas sin ambigüedades, la próxima ocasión en la cual se detecte un plagio a un Presidente se activará el más eficaz mecanismo no jurídico: la vergüenza obligará al mandatario a renunciar a su puesto sin necesidad de someterlo a juicio.

¡Feliz fin de semana!

@sibaja3
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