La Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción no encontró, “por el momento”, delito alguno en la compra de 200 mil cobijas al triple de su valor.

Sin embargo, la Contraloría estatal impuso una multa de siete mil 304 pesos, equivalente a 100 días de salario mínimo, a Rogelio Benavides Pintos, ex subsecretario de Administración del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, quien renunció a raíz del escándalo generado por el incidente.

En un comunicado difundido la noche del jueves, el gobierno estatal dio a conocer que se logró un acuerdo reparatorio con empresa la comercializadora Mirof S.A., “para corregir el error en mercancía adquirida en diciembre pasado”.

Mirof aceptó entregar sin costo al gobierno de Nuevo León 60 mil cobertores “para resarcir el daño causado al erario”.

“Los cobertores tendrán la medida y peso señalados en la ficha técnica de la subasta electrónica inversa realizada en diciembre del año pasado: de 2 a 2.200 kilogramos y de 1.65 a 1.70 metros de ancho por 2 a 2.10 metros de largo”, especificó el gobierno de “El Bronco”.

Se asentó asimismo que los 60 mil cobertores equivalen al 30 por ciento de los 200 mil artículos adjudicados en la mencionada subasta, “algunos de los cuales no cumplieron con tales especificaciones, ante la emergencia con la que debían ser distribuidos”.

El gobierno estatal argumentó entonces que era inminente la entrada de un frente frío, aunque por esos días se registró un clima templado, no común para la temporada.

Al difundirse en los medios la compra a precios presuntamente inflados, Benavides Pintos se vio obligado a presentar su renuncia como subsecretario de Administración, y al ser señalado como quien había realizado la adquisición.

Benavides argumentó que no quería que se golpeara mediáticamente a su amigo, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, amistad que mantuvieron a pesar del incidente que afectó la imagen del gobierno independiente, empeñado en combatir la corrupción, de acuerdo con las declaraciones del mandatario estatal.

“Esta situación originó una queja en el sistema CorrupNet en contra de servidores públicos, entre ellos del entonces Subsecretario de Administración del Gobierno estatal, Rogelio Benavides Pintos”, se detalló en el boletín.

Y a raíz de la queja ante CorrupNet, la Unidad Anticorrupción de la Contraloría y Transparencia Gubernamental interpuso una denuncia en la Subprocuraduría Anticorrupción, que encabeza Ernesto Canales Santos, mientras que en la Fiscalía se recibieron otras denuncias de ciudadanos y diputados locales por el mismo caso, mismas que fueron integradas en la carpeta de investigación 13/2016-UIESP-II.

Ante estos hechos, el subprocurador Ernesto Canales Santos señaló que en la indagatoria comparecieron, entre otros, el representante legal de Comercializadora Mirof, quien declaró “que por un error, el 24 de diciembre entregaron 60 mil cobertores con dimensiones distintas a las licitadas en la subasta”.

Y que luego de una inspección de personal de la Subprocuraduría a muestras de las pacas de cobertores entregados “se corroboró que 30 por ciento de los cobertores no cumplía con los requisitos de la licitación”.

Canales agregó que en su comparecencia ante la Fiscalía, el representante legal de Mirof “manifestó su disposición de resarcir el daño causado, por lo cual la carpeta de investigación respectiva fue enviada a la Dirección de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal”.

Puntualizó que “el objetivo era agotar la conciliación o mediación del conflicto originado por esa licitación y la respectiva adjudicación del contrato”.

Así, con el acuerdo reparatorio logrado, que compromete a la empresa a entregar 60 mil nuevos cobertores para resarcir el daño al erario público, se extingue la posible acción penal que pudiera corresponderle”, a la empresa comercializadora.

Además, dijo Canales, “este acuerdo muestra el brazo conciliador de la Fiscalía, pues conseguimos que el proveedor reparara el daño al erario público. Y esta Subprocuraduría está dispuesta a aplicar el mismo criterio en situaciones similares”.

El fiscal anticorrupción señaló por otra parte que “hasta el momento no se han encontrado datos suficientes para estimar que cometieron algún delito los servidores públicos involucrados en el proceso de subasta, adjudicación del contrato y entrega-recepción de dichos cobertores”.

Es decir, no se encontró responsabilidad penal alguna en el ex subsecretario de Administración, Rogelio Benavides.

La Contraloría y Transparencia Gubernamental expuso por su parte que las Secretarías responsables de la licitación de los cobertores, Finanzas y Desarrollo Social, analizaron las pruebas presentadas dentro de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, por los servidores participantes en dicha licitación.

Y que al tomar en cuenta la reparación del daño, realizada por Comercializadora Mirof, la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado impuso sanción económica de 100 días de salario y amonestación a Rogelio Benavides Pintos, ex subsecretario de Administración, así como a Gonzalo Padilla Orozco, Director de Adquisiciones.

Además, a los integrantes de la Tesorería en el Comité de Adquisiciones no se les estableció sanción, ya que “las conductas que les eran atribuidas no se encontraban dentro de sus funciones”.

La Secretaría de Desarrollo Social sancionó con apercibimiento privado a Helena Silva Parra, Directora Administrativa; en el caso de Evelin Marcela Arzate Ruiz, representante ante el Comité de Adquisiciones, se declaró inexistencia de responsabilidad administrativa; mientras Pedro Antonio Valadez Rodríguez, Coordinador de Control Presupuestal y Financiero de la Dirección Administrativa, se le sancionó con apercibimiento privado.

La Contraloría resolvió sancionar con apercibimiento público a Jesús Efraín Mazatán Parra, representante de la Contraloría en el Comité de Adquisiciones.