El uso de la Ley para amedrentar el ejercicio de la libertad de expresión constituye una mala práctica que identifica a políticos aparentemente tan disímbolos como pueden ser el estadounidense Donald Trump y el mexicano Humberto Moreira.

En efecto, apenas unas semanas después de que el candidato republicano Donald Trump dijo que le retiraría las credenciales de prensa a “The Washington Post”, porque no está de acuerdo en la forma en que cubre su campaña, su esposa Melania Trump prepara acciones legales contra el diario británico “The Daily Mail” por un artículo que ella considera difamatorio.

“La señora Trump ha avisado a varios medios de sus reclamaciones contra ellos, incluido el ‘Daily Mail’, por hacer declaraciones falsas y difamatorias sobre que ella supuestamente fue una ‘prostituta’ en los años noventa", reveló el abogado Charles Harder.

“Todas esas declaraciones son falsas al cien por ciento, muy dañinas para su reputación y personalmente hirientes”, añadió Harder en un comunicado.

Demandas de este tipo son sumamente relevantes para definir el alcance que le dan al concepto de “libertad de expresión” algunos gobernantes –o aspirantes a serlo, como es el caso– porque puede sentar un importante precedente jurídico de represión al juzgar a personalidades expuestas, por la actividad que realizan, al escrutinio público.

Marty Byron, editor del Washington Post, expresó en entrevista con Enrique Acevedo de Univisión, su preocupación por los esfuerzos de Trump de ponerle restricciones a la prensa.

“Este es un candidato que habló de abrir las leyes de difamación para hacer más fácil demandar a la prensa”, advirtió. “Guarda mucha hostilidad hacia la prensa y quiere controlar lo que hacemos. Me preocupa que suena mucho como Hugo Chávez en Venezuela en temas de las prensa”.

De manera similar, en México, el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, ha interpuesto acciones legales contra críticos de su actuación.

Tal es el caso de las querellas que el también exlíder nacional del PRI, interpuso por el presunto daño moral a su honorabilidad, en contra de VANGUARDIA y una de sus reporteras, así como en contra del académico Sergio Aguayo y el comunicador Pedro Ferriz de Con.

A esas demandas se suma la que Ariel Maldonado Leza, a quien se identifica como un abogado cercano a Moreira Valdés, interpuso por supuesto daño moral contra Rosa Esther Beltrán Enríquez, editorialista de VANGUARDIA.

Aunque los mencionados son casos muy distintos en su origen y contexto, el común denominador es que los hombres del poder –Trump, Chávez, Moreira– esperan que fallos a su favor estimulen juridicamente una era de represión contra la prensa por parte de funcionarios públicos poderosos.

Esto impediría que se les cuestione públicamente, entre otros asuntos, por enriquecimiento ilícito, precisamente cuando la lucha contra la corrupción es un urgente reclamo ciudadano.

La sola presentación de demandas por parte de los políticos es un atentado contra la libertad de expresión, pues como personas públicas deberían estar conscientes de que están bajo el escrutinio público, les guste o no, y por ello deben transparentar su trabajo, realizado con recursos del erario.

Las demandas de este tipo en Estados Unidos, Gran Bretaña o México no se dan entre iguales. En realidad son una agresión desde la cúspide del poder político y económico en contra de profesionistas que ejercen, en todo caso, un derecho humano reconocido universalmente, la libertad de información y de expresión.