Miami. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó preocupación por la estrategia dilatoria del gobierno municipal de Culiacán en el estado mexicano de Sinaloa, para cumplir con las solicitudes de entrega de información pública, derecho garantizado por la ley.

El diario El Debate de Culiacán afirma que funcionarios de la Coordinación de Enlace de Acceso a la Información de Culiacán, han obstaculizado y retrasado desde febrero pasado más de tres solicitudes de información pública, contraviniendo la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púbica de Sinaloa.

Las solicitudes de El Debate se refieren a los viajes del alcalde, salarios, permisos otorgados a funcionaros durante las elecciones, gastos en equipo de computación y asignación de vehículos, entre otros. Las autoridades alegan que los documentos con la información requerida no han sido sistematizados, pero sí está disponible en cientos de cajas con miles de archivos.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, dijo que "el acceso a la información es una condición básica para cumplir con la libertad de prensa, en especial si hay una ley que obliga al Estado a cumplirla, no a entorpecerla ni a desmotivar la búsqueda de la información".

Paolillo, director de semanario uruguayo Búsqueda, agregó que "preocupa que si esto le sucede a los periodistas que cuentan con el respaldo de un medio de comunicación, lejos estamos de imaginar la dificultad que tendrá un ciudadano común de invocar una ley, la que fue concebida justamente para gozar de los beneficios de una sociedad democrática".

Paolillo explicó que para que las leyes de acceso a la información sean eficientes deben cumplir con los siguientes requisitos: Celeridad en la entrega de la información, que no requiera explicación sobre el motivo de la solicitud y que contemple sanciones ejemplarizantes para los funcionarios que incumplan con la ley. "Si esto no se cumple – dijo – la creación de esa ley fue pura demagogia".

El Debate presentó una queja ante la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública, organismo autónomo, encargado de garantizar el cumplimiento del derecho al acceso a la información.