Una encuesta realizada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop) de la Cámara de Diputados, en materia fiscal y gasto público, arrojó que 8 de cada 10 mexicanos consideraron “ineficiente” y poco transparente el gasto del gobierno.

Con un margen de error de más/menos el 4 por ciento, la encuesta fue realizada telefónicamente en todo el país y se aplicó a 607 ciudadanos mayores de 18 de años.

Según los resultados, tres de cada 10 entrevistados respondieron que la mejor manera para mejorar la rendición de cuentas del gasto público es contar con mejor participación ciudadana; 2 más señalaron que con mejores auditorias; 2 con mejores leyes de transparencia y 1 con la publicación detallada del gasto por parte de la autoridad.

También 4 de cada 10 entrevistados indicaron que una buena medida para enfrentar el problema de la rendición de cuentas en el gasto público es sancionar a los funcionarios corruptos.

Al ser cuestionados sobre en qué sectores se debe invertir el dinero de la recaudación de impuestos, 5 de cada 10 dijeron  que en educación y 3 en salud.

Además, 7 de cada 10 ciudadanos entrevistados señalaron que se debe dar prioridad al gasto en programas de generación de empleos.

En materia fiscal, la mitad de los encuestados dijo que había oído hablar de la Reforma Hacendaria y 6 de cada 10 respondió que esta reforma “poco o nada” ha beneficiado al país.

Otro tema relevante que se les preguntó fue el de la evasión fiscal. 5 de cada 10 entrevistados, la mitad, respondió que la razón por la que las empresas o personas evaden impuestos es “por la corrupción” existente en el país.

Ante la pregunta de que si consideraban justo o injusto el pago de impuestos realizado con su ingreso actual, 7 de cada 10 respondieron que es “injusto”.

Además, la mitad de los entrevistados expresó que el involucramiento de la ciudadanía en la determinación de asignación del presupuesto (presupuesto participativo), es la medida más efectiva para disminuir la evasión de impuestos, por encima de soluciones como leyes más estrictas, facilitar el pago de impuestos o el mayor control del gobierno sobre la empresas.