Es probable que usted piense que la Coalición de los Trabajadores de la Educación de Coahuila se extinguió después de realizar la proeza inédita de permanecer en un plantón frente al Palacio de Gobierno y en la Plaza Mayor de Torreón por 70 días. NO. La Coalición está vigente y después del acordar una tregua por las vacaciones, sus actividades continúan.

El monitoreo al Servicio Médico del Magisterio no se detuvo, el módulo de la farmacia del Rosario se mantiene, aunque sin medicamentos controlados, pero las farmacias de las clínicas están vacías y los hospitales están privatizados; es decir, para los aportantes no hay nada  –tienen que pagar hasta por las vendas– y para los pacientes particulares hay un servicio de primera que se otorga a costa de los derechohabientes, lo cual es una irregularidad mayúscula pero un negocio redondo para el líder de la 38 y sus funcionarios.

¿Qué hacen con los 30 millones mensuales de aportaciones de los derechohabientes?

Está muy claro: se están violentando gravemente los derechos de los aportantes por parte del Consejo de Administración de las casi 22 clínicas que los líderes de la Sección 38 tienen a su cargo, así de simple.   

Los encuentros del Gobernador del Estado con los representantes de la Coalición se interrumpieron ante la incapacidad del Ejecutivo de presentar propuestas viables para la solución de los problemas de la seguridad social de los trabajadores de la educación. No puede. 

Las instituciones de Servicio Médico y Pensiones están en una evidente debacle financiera a causa del abuso de los líderes de la Sección 38 en clara colusión con el gobierno estatal, quien las ha usado como su “caja chica”. Aquí radica la duda de que las instituciones han servido para financiar campañas políticas, tanto sindicales como de su partido, lo que le impide sacar las manos de ahí y quitarle el poder al líder la Sección 38. Sería terminar de abrir la cloaca, por eso no puede.

Si el Ejecutivo aceptara modificar las leyes del Servicio Médico y de Pensiones, como lo propone la Coalición, se expondría a mostrar las complicidades en la operación de los recursos y los graves daños a los trabajadores de la educación. Son más de 50 mil familias damnificadas por leyes que sólo buscan que los trabajadores y pensionados paguen los platos rotos.

El diálogo del gobierno con la Coalición se agotó, ya no hay respuestas. A lo anterior agregue usted que vienen las elecciones generales –de gobernador, alcaldes y diputados locales–, son 30 mil votos de los maestros y trabajadores administrativos. Las brigadas magisteriales que vigilan y coaccionan el voto por el PRI son clientelas irrenunciables para el gobierno, por eso no puede. 

Los trabajadores de la educación ilegalmente son obligados a realizar pagos adicionales y “coaseguros”  por servicios inexistentes en las clínicas. Está comprobado que el destino de esos recursos no es para otorgar los servicios de salud porque no hay medicamentos en las farmacias del Magisterio, no hay cirugías, ni materiales de curación, ni equipamiento en los hospitales.

Lo ético de un gobierno sería pensar en los trabajadores y su derecho a la salud. Dice el gobierno del Estado en su publicidad: “Tenemos nuestro Seguro… acceso a la atención médica gratuita y a pensión”. ¿Y los 50 mil trabajadores y beneficiarios de la educación que pagan por la salud y su pensión?

Silencio peligroso para un Gobierno que está por concluir y que ha servido sólo de tapadera a las ineficiencias y la corrupción del Gobierno que lo antecedió; por eso no puede ni quiere.