Seis meses después de que la policía de Veracruz golpeara a un grupo de ancianos que protestaban por la falta de pago de sus pensiones, la Comisión Estatal de Derechos Humanos concluyó que las autoridades de esa entidad violaron las garantías individuales de los adultos mayores, a quienes el gobierno de Javier Duarte dejó de pagarles su jubilación desde 2015.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, encabezada por Namiko Matzumoto Benítez, omitió manifestarse en torno a la represión policial emprendida contra pensionados el 23 de diciembre de 2015 –aunque éste fue el motivo original de la queja presentada ante la CEDHV–, pero, a través de su recomendación 16/2016, sí concluyó que el gobierno de Javier Duarte violó el derecho a la protección de personas adultas mayores y el derecho a la seguridad social, al retener los pagos a jubilados y pensionados desde el año pasado.

La queja ante el órgano estatal encargado de la protección a los derechos humanos fue interpuesta por 707 derechohabientes del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, aunque el número real de afectados es mucho mayor.

El gobierno de Duarte tiene 15 días para pagar

Según estadísticas del mismo Instituto de Pensiones de Veracruz,  28 mil 987 personas en el estado tienen derecho a esta prestación, a todas las cuales se les retuvo o suspendió el pago de la pensión, uno o más meses, en el periodo que corre del año 2015 a la fecha.

De hecho, para julio de 2016, al menos mil 400 adultos mayores o personas con incapacidad laboral permanente seguían sin recibir la pensión a la que tienen derecho, tal como reconoció el mismo gobierno de Javier Duarte. Por ello, aunque la queja por la retención de pensiones fue interpuesta sólo por 707 afectados,

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz exigió al gobierno de Duarte que el aporte económico se regularice no sólo para los 707 afectados que promovieron la queja, sino para todos aquellos que desde 2015 han sufrido retrasos o retenciones en el pago de su pensión.

La CEDHV, además, exigió que se tomen las medidas necesarias para que estos hechos no se repitan jamás, ya que “el derecho a recibir una pensión implica, necesariamente, que ésta sea pagada en tiempo y forma”, por lo que “resulta inaceptable que (en Veracruz) existan retrasos injustificados en el pago hacia aquellos que deben gozar de un trato diferenciado y preferente”.
Según el Instituto de Pensiones de Veracruz, la retención de pensiones es culpa de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, organismo que admitió el hecho, sin mayores explicaciones.

Por esta razón, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos dio un plazo de 15 días hábiles para que el gobierno de Javier Duarte libere los fondos retenidos a los adultos mayores y a las personas con incapacidad laboral permanente, quienes tienen derecho a una pensión.

De no cumplir con este plazo, se advirtió, “esta Comisión Estatal estará en posibilidades de solicitar su comparecencia ante el Honorable Congreso del Estado de Veracruz”.