Vivimos tiempos de paradojas: En la era del capitalismo global, la planeación y las políticas públicas de calidad, son más importantes que en la mismísima época de oro de los sistemas de planificación central. Las estrategias para mejorar la competitividad de los clusters económicos, para desarrollar la infraestructura logística y de comunicaciones, así como para generar los entornos urbanos que permitan a ciudadanos y empresas alcanzar estándares adecuados de productividad y calidad de vida, requieren de instituciones públicas capaces de brindar servicios y políticas con estándares internacionales. 

Una forma de evaluar esta capacidad en el caso de México, es analizar los resultados del Reporte Global de Competitividad 2015–2016, del Foro Económico Mundial (http:// www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf).
El índice global de competitividad está integrado por tres componentes: 1) Requerimientos básicos, el cual integra cuatro pilares de competitividad medidos a través de 45 indicadores; 2) facilitadores de eficiencia, que agrupa seis pilares y 53 indicadores y; 3) factores de innovación y sofisticación, computado mediante 16 indicadores que conforman dos pilares más. Esto hace un total de 12 pilares y 114 indicadores.

Si bien a nivel general México figura en la parte media alta de la tabla (posición 57 de un total de 140 países), en 27 de los 114 indicadores nos encontramos en la cola de la competitividad (entre los últimos 40 lugares). Resulta indispensable ubicar en dónde se encuentran los cuellos de botella para superar los obstáculos. Claramente predominan aspectos que tienen que ver con la mala calidad de los servicios gubernamentales. ¿Cuáles son estos rubros?

Malversación de fondos públicos (posición 125 de 140), confianza pública en los políticos (124), pagos irregulares –mordidas- (103), independencia del sistema judicial (100), favoritismo en las decisiones de los funcionarios gubernamentales (117), barreras por regulación gubernamental (123), eficiencia del sistema legal en la solución de conflictos (105), eficiencia del sistema legal para atender quejas relacionadas con la regulación (102), costos de negocios por crimen y violencia (135), crimen organizado (136), confiabilidad en los servicios de policía (127), conducta ética de las empresas (111), suscripciones de teléfonos celulares por cada 100 habitantes (112), balance presupuestal del gobierno (%/PIB) (105), calidad de la educación primaria (116), calidad del sistema de educación técnica y superior (117), calidad de la educación en ciencias y matemáticas (126), dominancia de mercados –indicador de monopolio- (103), efectos de la política fiscal en los incentivos para invertir (114), tasa impositiva como porcentaje de las ganancias (115), costos de la política agrícola (124), costos redundantes (101), efectos de la política fiscal en los incentivos para trabajar (114), participación de las mujeres en la fuerza laboral (119), accesibilidad a los servicios financieros (105) y facilidad de acceso al crédito bancario (106).

El Foro Económico Mundial también aplica una Encuesta de Opinión de Ejecutivos que proporciona la visión de la comunidad de negocios de cada país. ¿Cuáles son, en la valoración de los empresarios, los tres principales obstáculos para la realización de negocios en México?: 1) La corrupción; 2) la ineficiencia de la burocracia gubernamental y; 3) el crimen y el robo.

El diagnóstico es diáfano. Nuestro principal problema es el disfuncionamiento de las instituciones públicas, producto de una corrupción desbocada que limita seriamente su capacidad para generar políticas públicas de calidad, políticas a la altura de los retos impuestos por la competencia internacional y los grandes desafíos que esta conlleva.

En la propia realidad de la vida pública de México, podemos encontrar ejemplos virtuosos que nos muestran que el deterioro de nuestras instituciones no es un destino manifiesto y que es factible construir capacidades públicas a la altura de las circunstancias. Organismos públicos autónomos como el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) y el Banco de México, o áreas de la propia administración pública federal, como el Sistema de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda, nos revelan que es posible instrumentar servicios públicos en los cuales la visión estratégica, el servicio civil de carrera, la claridad en los mandatos recibidos y los procesos de mejora continua, permiten configurar instituciones capaces de brindar políticas y servicios públicos de calidad.  

Y regresando a las paradojas, el grave disfuncionamiento de nuestras instituciones públicas se ha profundizado como resultado de la trayectoria seguida por la transición democrática consecutiva a la liberalización del comercio exterior. Parte importante del problema es que los propios reformadores son adoradores de Mercurio (Dios del comercio) y practican un capitalismo de filibusteros. Para muchos de ellos la moral es un somnífero que les permite conciliar el sueño sin importar las tropelías consumadas durante las horas de vigilia. Las crisis recurrentes ligadas a la globalización económica demuestran que el buen gobierno es indispensable para canalizan constructivamente los instintos salvajes liberados por la búsqueda frenética e insaciable de poder y riqueza.

En el caso de México, el efecto corrosivo de estos procesos ha sido especialmente intenso en los ámbitos estatal y municipal. Pero de esto hablaremos más adelante.  

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