El PRI no sabe ganar, ni perder y menos… gobernar. Su desempeño, una vez que le fueron arrebatados —en parte por sus malos gobiernos— Veracruz y Quintana Roo, ha sido blindarse jurídicamente.

En Quintana Roo, Roberto Borge, con diputados afines, logró aprobar que tres cercanos al aún mandatario fueran designados los nuevos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.

Ésta es una clara estrategia del PRI para proteger a su Gobernador y que se vea obstaculizado el plan de gobernador electo, Carlos Joaquín González, de darle limpieza y certidumbre a las finanzas públicas.

Posterior a esto, los diputados afines a Borge aprobaron las cuentas del Ejecutivo estatal saliente y de otros 31 entes fiscalizables; aprobaron nombramientos de los titulares de la Fiscalía General del Estado y de la Auditoría Superior estatal.

Esto lo hizo el gobernador saliente con un congreso estatal afín, que en un periodo extraordinario lo blindó.

Por otra parte, en Veracruz, uno de los peores mandatarios de las últimas décadas, que sumió al Estado en la violencia y pisoteó derechos humanos de activistas y reporteros, Javier Duarte, llegó al extremo de proponer ante el Congreso del Estado donar “la Casa Veracruz” a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como aeronaves a la Fiscalía del Estado. Tanto la casa y las aeronaves él las utilizaba. Nada quiere dejar a quien le ganó la elección.
E igual que Borge en el sureste, Duarte trata, con sus diputados, que se aprueben modificaciones que le permitan blindar sus cuentas públicas, estados financieros y, sobre todo, evitar posibles sanciones.

También, busca nombramientos a modo en las carteras de la Fiscalía Anticorrupción y del comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.
Este terrible resumen —lo visible— de las modificaciones y nombramientos que buscan concretar estos gobernadores sólo confirma:
1.- Una corrupción ofensiva en sus administraciones públicas.

2.- Miedo a ser sometidos —como debe ser— a auditorías.

3.- Resultado de las auditorías e investigaciones, ir presos.

Dudo mucho que el PRI y el Presidente de la República no hayan estado enterados de lo que sucedía en estas dos entidades. Sin embargo, tanto el tricolor como EPN dejaron que se cometieran abusos.

Estos dos casos, sumados al del todavía gobernador de Chihuahua, demuestran que el PRI no sabe gobernar y va a la debacle. O creerá Carolina Monroy, actual presidenta, que el electorado desestima o no se entera de lo que intentan hacer en Veracruz y Quintana Roo.

El descrédito de Peña Nieto no lo construyó él solo: el PRI, gobernadores, presidentes municipales y regidores contribuyen a diario en demostrar que ya no son opción de gobierno. El PRI —al menos para Borge y Duarte— no es un partido político, sino un negocio.